Alcaldes capitalinos, que dejarían de recibir las rentas acostumbradas, están de acuerdo con que se eliminen o reduzcan los impuestos municipales que se aplican a los llamados espectáculos públicos no deportivos.
Por eso, el Congreso no debería demorar más su decisión de debatir y aprobar en esta legislatura una medida que puede democratizar el acceso de los consumidores a este tipo de eventos, y a reducir los riesgos que afrontan los empresarios para montar espectáculos nacionales e internacionales de calidad en el país.
Algunas municipalidades, sobre todo de provincias, se han opuesto a que se revise la política de impuestos para espectáculos. Aducen que se mellará la economía de los gobiernos locales, recortándoles recursos; y que los ingresos que se generan por este concepto superan incluso a los impuestos predial, vehicular y de alcabala, con lo cual se desfinanciará las arcas edilicias.
Sin embargo, también es cierto que las actividades artísticas no pueden seguir gravadas con tasas prohibitivas que frustran su desarrollo en el país, constituyen un atentado a la protección del artista nacional y ahuyentan a los extranjeros.
Corresponde al Congreso hallar una fórmula idónea que impulse los espectáculos no deportivos y, además, que constituya el primer paso hacia la definición de una política que revalore la cultura y el arte nacional --tan dejados de lado por este gobierno-- en beneficio de las grandes mayorías.