¿Competitividad a cambio de menos salario?

Por Julio Gamero. Investigador UNI-CIES

Tras la denominación de microempresa y pequeña empresa existe una diversidad de racionalidades económicas. Están las microempresas --de dos a nueve trabajadores-- que explican el 19% del empleo; las pequeñas empresas --de diez a cincuenta trabajadores-- que generan el 7% del empleo; los independientes no profesionales, que son el 36% del empleo; y los trabajadores familiares no remunerados (TFNR), que son el 19% (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2005).

Las propuestas a la modificación de la Ley 28015 se concentran en las dos primeras y en la última categoría. ¿Debe una ley promotora de la actividad empresarial incorporar a los TFNR, cuando su lógica acaso no es totalmente diferente? ¿No son más unidades de sobrevivencia sin capacidades para generar excedentes? ¿Acaso etiquetar dicha realidad bajo el nombre de microempresa familiar resuelve el problema?

Bajo la ley vigente, la microempresa se define por dos condiciones: emplear a no más de nueve trabajadores --bajo un régimen laboral especial (RLE) con derechos laborales inferiores a los del régimen general-- y no exceder de las 150 UIT (S/.517.500) en ventas anuales. Todas las iniciativas en curso modifican lo anterior. El Ministerio de Trabajo eleva a 19 trabajadores la definición de microempresa y a 500 UIT el tope de ventas, mientras que el MEF lo eleva a 3.000 UIT y Produce a 1.500 UIT.

Con la propuesta del Ministerio de Trabajo, medio millón de asalariados --en las empresas de diez a diecinueve trabajadores-- verían degradadas sus condiciones laborales actuales debido a que pasarían al RLE. Por su parte, las iniciativas del MEF y de Produce afectarían a un millón de asalariados. ¿Ganar competitividad a costa de reducir los salarios? Porter, en el Global Competitiveness Report 2007-2008, señala: "Esta visión de la competitividad es en extremo deficiente. La necesidad de reducir los salarios revela una ausencia de competitividad y deprime la prosperidad de los ciudadanos".

La apuesta tiene que ir por otro lado: elevación de la productividad con mejoras en la gestión y acceso a innovaciones, facilitando su vinculación con mercados más dinámicos, promoviendo la generación de conglomerados, implementando coberturas frente a riesgos empresariales y de salud. El asunto es que esto cuesta más que los S/.14 millones que nuestro Estado ha destinado en el 2007 para la promoción de la microempresa. ¿Las iniciativas legislativas suponen, acaso, un sustantivo aumento en el presupuesto para la promoción de las mypes?

En ese sentido, un aspecto muy rescatable es la propuesta del Ministerio de Trabajo referida al monotributo. En un solo pago, 10%, se incorpora el IGV, renta y el aporte a la seguridad social, que sí es un incentivo real. Este esquema supone que haya un agente retenedor del referido monotributo. Hoy solo pueden serlo las empresas que están en el régimen general y no las mypes, que están bajo el RUS. La propuesta no funcionaría si los proveedores o los compradores de las mypes son otras mypes, lo cual, sin embargo, se puede perfeccionar.

Toda ley, para tener impacto, requiere de medios que concreten el objetivo buscado. Y eso cuesta. Mientras la promoción a las mypes no cuente con una partida decorosa en el presupuesto nacional, la ley no pasará sino de una buena intención. ¿Hasta cuándo?