EL PERRO DEL HORTELANO [2]

García busca una salida al problema de las comunidades campesinas

Presentará un proyecto de ley para facilitar la venta de terrenos productivos. El modelo de desarrollo para los comuneros debe ser otro, según expertos

Por Marienella Ortiz Ramírez

Antes de Navidad, los miembros de la comunidad campesina de Cátac, asentada encima de los 3.500 msnm, en la provincia de Recuay (Áncash), botarán la casa por la ventana con la compra de un nuevo camión y dos volquetes de carga que duplicaran los servicios que brindan a las mineras de la zona. Para el 2008 continuarán las adquisiciones: un remolque, un cargador frontal y una chancadora. La meta es ofrecer servicios a minas más grandes como Antamina y Pierina.

Esta comunidad, compuesta por 480 comuneros, ha logrado superar la valla de la pobreza. Hoy en día ofrece, además, servicio de restaurantes, venta de combustibles, alquiler de botas y otros bienes a los turistas que llegan a la zona. "Aquí hay profesionales y la mayor parte ha superado el analfabetismo", comenta el presidente de esta comunidad, Pablo Ramírez.

En el Perú se contabilizan un promedio de 6.000 comunidades campesinas en las zonas altoandinas. La experiencia de Cátac no es común, pues la mayor parte no logra articular un proyecto empresarial y subsiste en la pobreza.

Para hacer frente a la inacción que se observa en gran parte de estas comunidades, el presidente Alan García lanzó, como parte de sus "Recetas para acabar con el perro del hortelano", la propuesta de facilitar a los comuneros la toma de decisión de vender, parcelar o alquilar sus terrenos con el voto de la mitad más uno de los presentes en las reuniones convocadas para esos fines. Por el momento, se requieren dos tercios de los votos del total de comuneros.

El mandatario resalta que solo 10.000 hectáreas que están bajo el control de las comunidades se destinan a cultivos agrícolas.

Parte de la visión del mandatario consiste en que la venta o alquiler de los terrenos de los comuneros permitirá la presencia de inversionistas con capital y tecnología que cambiarán el escenario actual en estas zonas olvidadas del país porque, a su entender, experiencias como la de Cátac tomarán mucho tiempo.

Como parte de su iniciativa, adelantó que enviará en breve una propuesta de ley.

EL OTRO GARCÍA
"Para empezar, el García de 1985 es muy distinto al de ahora. Durante su primer gobierno afirmaba que las comunidades campesinas eran la célula básica de la sociedad", recuerda Laureano del Castillo, experto en estos temas del Centro de Estudios Peruanos (Cepes).

"El tema con las comunidades es que han quedado olvidadas por distintos gobiernos y la fórmula del 'chorreo' --el permitir al gran inversionista generar el desarrollo-- no funcionó en ninguna parte del mundo", agregó.

Antes de hablar de un modelo económico para estas organizaciones, consideró necesario resolver tres problemas. Uno es la falta de títulos de propiedad. De acuerdo a información oficial del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), existen 1.013 comunidades campesinas y 237 comunidades nativas que aún esperan por un título de propiedad.

El segundo problema es resolver lo poco que conoce el Estado sobre la constitución de estas comunidades. El economista Eduardo Zegarra comentó que la ausencia de una censo agropecuario --el último fue en 1994-- no permite tener una radiografía clara del uso que le dan las comunidades campesinas a las tierras: si las destinan a cultivos o no las usan.

Lo último es actualizar los padrones de las comunidades para depurar a los miembros que migraron o fallecieron.

En relación con la propuesta de reducir el número de votos para decidir sobre las tierras, el investigador del CIES Carlos Aramburú es de la opinión de que con ello se podrían vulnerar los derechos de propiedad. "Esto podría crear un gran conflicto social al interior de los mismos comuneros", expresó. El temor es que un grupo pequeño de comuneros tome las decisiones más importantes.

Otra salida, según Gustavo Suárez Freitas, ex director general forestal del Inrena, es que el Estado cree las condiciones para que las comunidades y el sector privado puedan trabajar juntos sin desconfianzas. El Estado podría establecer un fondo de garantía para que el inversionista no pierda sus inversiones si hay cambio de directiva, explicó. Del Castillo agregó que el Gobierno podría asesorar legalmente a los comuneros para el establecimiento de tipos de asociaciones con el sector privado.

En resumen, aún existen problemas básicos por resolver en las comunidades. Luego de todo ello será mucho más fácil promover un desarrollo económico. La experiencia de Cátac no tendría que ser la única.

Sobre denuncios que no tienen uso
Como parte de sus recetas para acabar con el perro del hortelano, Alan García resalta que existe un gran número de terrenos eriazos denunciados. Pero, advierte, a la fecha no se puso un sol.

Por ello, adelantó que presentará un proyecto de ley para obligar al denunciante a invertir o transferir el terreno. "Al Perú le conviene que todas esas playas (balnearios), caleras (cementeras), bosques (industria maderera) se pongan en valor mediante la inversión inmediata", resalta. El plazo que se estimará como tope para considerar que no hubo inversión será de tres años.

Eso sí, los consultados advierten que la propuesta tendrá que ser bien estudiada para evitar vulnerar los derechos adquiridos por terceros.

En esta segunda entrega, con las recetas para acabar con el perro del hortelano, abordamos las propuestas de Alan García sobre las comunidades campesinas y el fomento de la inversión privada

DEL CONSULTOR
La real riqueza de las naciones*
Es estimulante el debate promovido por el presidente Alan García en torno a las dificultades para transformar los recursos naturales -- riqueza nacional-- en bienes de mayor valor. Si se aplicaran a cabalidad sus iniciativas, el país tendría un crecimiento más dinámico y descentralizado. Sin embargo, el meollo del asunto está en la comprensión que tiene la sociedad sobre la naturaleza y la justificación para controlar los recursos y su capacidad para transformarlos en bienes y servicios con mayor valor.

Por eso, para ser una sociedad desarrollada tenemos que construir un sistema educativo que forme ciudadanos responsables de sus actos, creadores de riqueza, comprometidos con el bien común. Esta es la riqueza de las naciones y no la dotación de los recursos naturales. Para ello planteo:

-Una nueva aula para el trabajo y para la vida democrática paralela a la escuela tradicional.

-Una administración de justicia que garantice la seguridad ciudadana, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos.

-Plataformas institucionales de gestión productiva y de proyectos de inversión para construir un sector privado rentable.

-Plataformas financieras para ahorrar e invertir en infraestructura social y económica y para la transformación tecnológica de las empresas.

-Sistemas tributario, laboral y administrativo para facilitar la formalización de las empresas.

-Transformar la cultura burocrática de las instancias del Estado en una cultura de servicio en beneficio de los usuarios.
* Carlos Amat y León. Economista