CURANDO LAS HERIDAS DEL CONFLICTO INTERNO

Defensoría del Pueblo pide justicia para las víctimas de terrorismo

Plantean que Consejo de Reparaciones apruebe ya el Registro Único de Víctimas

La Defensoría del Pueblo exhortó ayer a las distintas instancias del Estado a implementar los mecanismos necesarios para dar justicia a los familiares de las personas desaparecidas o muertas durante el conflicto interno vivido en el país entre 1980 y el 2000.

"Nuestra sociedad reclama enérgicamente la paz. Las más duras experiencias que hemos vivido por largos años nos enseñan que sanar las heridas de los nuestros es la única garantía para que la sociedad peruana se construya sobre cimientos sólidos y solidarios", manifestó el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Roberto Pereira.

Agregó que en lo que respecta a política de reparaciones, existen esfuerzos importantes, como el programa de reparaciones colectivas en 440 comunidades, y que se han aprobado hasta el momento 164 proyectos de inversión. Pero lamentó que el acceso a estos no sea pleno.

Por su parte, la jefa del Equipo de Secuelas de la Violencia de la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo, solicitó a la Comisión Multisectorial de alto nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en materia de reparaciones verificar que los gobiernos regionales y locales incluyan en sus planes institucionales actividades referidas al plan integral de reparaciones.

"Creemos que sería importante que un representante de las víctimas pueda participar en estas reuniones de coordinación, organizadas por la comisión", dijo.

Asimismo, la funcionaria se pronunció también sobre la urgencia de implementar el Registro Único de Víctimas ya que la "demora está impidiendo que las víctimas accedan a las reparaciones individuales, que son un derecho que les corresponde".

Vignolo dijo que la defensoría considera necesario que el Consejo de Reparaciones apruebe en el más breve plazo el reglamento del Registro Único de Víctimas a fin de que se trabaje con criterios uniformes en todo el país, en especial al interior de los gobiernos regionales y locales, que actualmente elaboran registros de este tipo. En este sentido, pidió también al Ministerio Público evaluar la creación de fiscalías penales interprovinciales con dedicación exclusiva, en especial en Junín, Huánuco y Apurímac.

Finalmente, solicitó al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Justicia respecto a la creación de un sistema especializado para la protección de las víctimas y pidió al jefe de la Reniec que se adopten formatos especiales para la inscripción adecuada de las sentencias de ausencia por desaparición forzada.

SEPA MÁS
Según el informe 128 de la Defensoría del Pueblo, titulado "El Estado frente a las víctimas de violencia", dicha institución ha recibido, desde enero de 2006 hasta octubre de este año, 2.267 solicitudes de "constancia de ausencia por desaparición forzada". Solamente 1.310 de estos casos están registrados en la lista de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los restantes son casos que no han sido inscritos antes.