UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO QUE IMPULSE EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO

No se puede embalsar la reforma constitucional

Por Raúl Ferrero. Jurista

En el Perú, cada quince años en promedio, entra en vigencia una nueva Constitución.

Por ello, si reconocemos doce cartas políticas desde que se instauró nuestra república, hace 186 años, ya nos tocaría una nueva si nos atuviéramos a la fórmula promedial. Sin embargo, algunas han regido solamente unos meses y otras varias décadas.

Si alguna constante ha existido en el tiempo transcurrido, ha sido la falta de permeabilidad para modificar parcial o puntualmente nuestros textos constitucionales.

Así ocurrió en 1990 cuando asumió funciones el nuevo Congreso y en el Senado de entonces propusimos introducir algunas modificaciones a la Carta de 1979. Los partidarios de esta última se negaron a aceptar cualquier modificación, con el argumento de que si se introducía alguna, luego se sucederían muchas más y se terminaría por distorsionar el sentido de la Constitución.

Dos años después se produjo el autogolpe de Fujimori y se cambió por completo la Constitución que elaboró la Asamblea Constituyente bajo la presidencia de Haya de la Torre.

Hoy se podría estar gestando un proceso tan radical como el anterior. Hasta la fecha el Congreso actual no ha modificado artículo alguno de la Constitución de 1993.

Si esa actitud continúa, se irán embalsando las propuestas de modificación y aumentando la sensación de que solo se puede mejorar el articulado constitucional cambiándolo por completo, lo cual no es cierto.

En esa falta de perspectiva encontramos a muchos ciudadanos, y sobre todo a congresistas, que sabiéndolo o no, permiten el juego del todo o nada. Esa actitud protectora de la Carta de 1993 no hace sino favorecer la posición de los que quieren ver un cambio total. Quienes se niegan al cambio progresivo, como lo fue haciendo de a pocos Chile, con la Constitución de Pinochet, lo único que refuerzan es la tesis de la convocatoria a una asamblea constituyente, que puede ser muy bien la bandera de quienes en menos de tres escasos años deseen comenzar su campaña electoral patrocinando un sistema político que refuerce y concentre mayores facultades en el presidente de la República.

Los ejemplos andinos como Bolivia, Ecuador y Venezuela están a la vista, y es posible que alguno de nuestros políticos nos quieran llevar por un camino parecido. Para lograr ello, qué mejor que oponerse a cualquier modificación parcial de la actual Constitución y jugar al todo o nada.

Resulta extraño que nuestro Congreso, fruto de un proceso electoral limpio, no sea hasta ahora capaz de introducir los cambios parciales que le den mayor consistencia a nuestro sistema democrático, consolidando sus instituciones y otorgándoles a los congresistas una mayor representatividad.

Muchos de los que se oponen a los cambios están dejando de comprender que todas las constituciones de los países donde el sistema de respeto a las libertades funciona, van introduciendo enmiendas puntuales cada cierto tiempo, las que sirven de válvulas de escape para aliviar la presión que se acumula crecientemente si se cierra la puerta a las reformas.

El mejor antídoto a la inestabilidad que podría generar una asamblea constituyente sería que el Congreso en funciones acordara una agenda de modificaciones a la Carta Política, que recoja las sugerencias para mejorarla sin prisa pero sin pausa, evitando justificar el pedido de su cambio total con el propósito de implantar probablemente un nuevo sistema político que modifique el régimen económico y ponga en riesgo las altas tasas de crecimiento que se vienen alcanzando en los últimos años, en buena parte gracias a la estabilidad política que nuestro país exhibe.