VOLUNTAD POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EFECTIVA

Los estados y el respeto a los DD.HH.

Por: Santiago A. Canton. Secretario ejecutivode la CIDH |

El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1950 para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es una buena oportunidad para evaluar el progreso alcanzado y los desafíos aún pendientes.

La región ha alcanzado importantes logros en los últimos años, principalmente gracias a la continuidad de gobiernos democráticos. Sin embargo, en materia de derechos humanos siempre son más los desafíos pendientes que los avances logrados. El respeto al derecho a la vida continúa siendo un desafío en algunos países donde las ejecuciones extrajudiciales, abusos de la fuerza pública y la inseguridad ciudadana le arrebatan la vida a miles de personas. No se ha tenido éxito aún en erradicar la tortura y los tratos crueles e inhumanos en los centros de detención, y la discriminación continúa siendo un problema generalizado. La debilidad del Estado de derecho y la fragilidad del Poder Judicial dificulta el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, mientras que graves problemas socioeconómicos y profundas desigualdades impiden el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales.

También es cierto que en muchos casos, los gobiernos de la región han avanzado en garantizar la protección de los derechos humanos. En esta tarea han contado con el apoyo permanente de la comisión y la corte interamericanas. A través de recomendaciones y decisiones adoptadas de manera independiente, exentas de las presiones internas que existen en los países, el sistema interamericano de derechos humanos ha hecho posible que los gobiernos tomaran decisiones que de otra manera hubiera sido muy difícil lograr.

Por ejemplo, en el 2005 la Corte Suprema de Argentina basó su decisión de declarar nulas las leyes de amnistía que favorecían a los militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en decisiones de la comisión y de la corte. Posiblemente esta haya sido la decisión más importante para el fortalecimiento del Estado de derecho en Argentina y toda la región. Asimismo, un acuerdo de solución amistosa en un caso tramitado ante la CIDH por el periodista Horacio Verbitsky tuvo como resultado la derogación del delito de desacato en Argentina y otros diez países de la región. En Costa Rica el Estado dejó sin efecto el proceso penal por difamación contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y canceló su inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes, tal como lo recomendó al CIDH en su informe de fondo. En el 2003, la Corte Interamericana dispuso el archivo del caso "La última tentación de Cristo" gracias al cumplimiento por parte de Chile de todos los puntos de su sentencia, incluyendo la modificación de su Constitución para suprimir la censura previa en la que se había basado la orden de prohibir la exhibición de la película. Por su parte, Brasil modificó su legislación interna para adecuarla a las normas internacionales cuando aprobó la "Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer" en atención a las recomendaciones de la CIDH en el caso María da Penha. Brasil también adoptó un Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzado a raíz de un acuerdo de solución amistosa firmado bajo los auspicios de la comisión.

Estos ejemplos de cumplimiento son sin duda alentadores y han tenido un impacto no solo dentro del país sino en toda la región. Sin embargo, todavía se depende de la existencia de voluntad política de parte de los gobiernos para lograr estos resultados. En este sentido, el principal desafío pendiente en materia de derechos humanos es que se aprueben leyes que obliguen a los estados a cumplir con las decisiones de la comisión y de la corte interamericanas. En muchas ocasiones el cumplimiento con las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos no es sencillo, debido a que los mismos pueden tener importantes repercusiones políticas, jurídicas y económicas. Por ello, las leyes que se aprueben deben contemplar los procedimientos internos a realizarse para garantizar que las decisiones sean implementadas con facilidad y prontitud. El principal aporte que pueden hacer los gobiernos con una clara voluntad política de fortalecer los derechos humanos es dejar como legado un mecanismo que permita, frente a la posible ausencia de voluntad política en el futuro, legislación que claramente obligue al Estado y determine los procedimientos que deben ser seguidos para cumplir con los organismos internacionales de supervisión de derechos humanos.