EDITORIAL

Terca resistencia municipal a la agilización de trámites

Las municipalidades se muestran aún renuentes a adecuar sus disposiciones internas a las últimas normas que buscan agilizar los trámites públicos. En buena cuenta, mantienen tercamente esa difícil valla de papeleos que tanto desalienta la actividad privada y que al mismo tiempo fomenta la informalidad y la corrupción.

Una palpable muestra es que ningún concejo ha cumplido con adecuar sus normas internas conforme a la Ley del Silencio Administrativo, pese a que entra en vigencia el próximo 4 de enero. Esto significa que en vista de los pocos días que restan para esa fecha, resultará casi improbable que las municipalidades reformen a tiempo sus siempre enmarañados Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA). En síntesis, la dilación en cada jurisdicción distrital originará tal vacío que afectará la eficacia de la nueva y moderna norma nacional.

Otra señal de resistencia es que 23 municipalidades incumplen con la adecuación a la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento. Y, según la última evaluación de la Cámara de Comercio de Lima, 16 comunas continúan exigiendo ilegalmente requisitos que ya no siguen vigentes.

El Gobierno Central presenta una cara distinta. Doce ministerios eliminaron 514 requisitos innecesarios y redujeron 107 cobros excesivos.

Claro, aún hay mucho trecho por transitar. Pero la cruzada de la desburocratización no debe desanimarnos en el esfuerzo de revertirla.