CORRECIÓN NECESARIA

Modificarán norma del Ejecutivo sobre crimen organizado

Congresistas elaboran texto sustitutorio para adecuarlo a lo que manda la Constitución

La Comisión de Constitución elaboró un texto sustitutorio al cuestionado decreto legislativo del Ejecutivo que legislaba en materia de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

El D.L. 992 emitido por el Gobierno en uso de las facultades legislativas que el Congreso le delegó fue cuestionado por varios organismos de derechos humanos y personajes políticos debido a que violentaba la Constitución.

El congresista Raúl Castro (UN) indicó que el nuevo documento resuelve los aspectos del Decreto Legislativo que fueron considerados como inconstitucionales.

"El nuevo texto lo que hace es restituir los términos constitucionales. Por ejemplo en el caso de la carga de la prueba (para la pérdida de dominio) que estaba invertida, ahora corresponderá al fiscal", aclaró en referencia a la demostración de culpabilidad o inocencia ante un delito.

De igual manera se ha precisado --indicó-- que no habrá pérdida de dominio real mientras no haya una sentencia. Y se establece una indemnización para el caso de bienes de los que se hubiere privado a un acusado.

"El nuevo texto dice que cuando el dominio se pierde en el transcurso del juicio aún cuando no haya sentencia, el propietario tiene derecho a ser indemnizado. Lo mismo se aplica en el caso que se haya impedido el uso y disfrute del bien por parte de su dueño a través de una medida cautelar", dijo. No se ha especificado cómo será el cálculo de la indemnización.

Precisiones de la defensoría
La Defensoría del Pueblo aclaró que esa institución no sustentó en el Congreso los proyectos de ley que plantean una nueva regulación de los beneficios penitenciarios, pero que sí considera que tienen varios aspectos positivos como:

La necesidad de que el juez competente para conocer los beneficios penitenciarios sea el del lugar en el que se solicitan.

Establecer un régimen más severo para el acceso a beneficios penitenciarios tratándose de sentenciados por delitos agravados como asesinato, secuestro o delitos de lesa humanidad.

Eliminar la exigencia de requisitos innecesarios en el procedimiento de beneficios penitenciarios.