TRAGEDIA FUE FRUTO DE LA IRRESPONSABILIDAD

Ni dueño del edificio ni responsable de la obra dieron la cara a los deudos

Luego de casi 30 horas pudo recuperarse el último de los cuerpos. En lo que va del año han fallecido 36 obreros en accidentes de construcción

Por Fabiola Torres / Gustavo Sánchez 7 Mario Mejía Huaraca

Luego de 30 horas de remoción de escombros, a las 3:27 p.m. de ayer, los bomberos y peritos lograron sacar el cuerpo de Mario Zapata Atoche, el octavo obrero fallecido en el derrumbe de una pared de unas 25 toneladas en el edificio en construcción ubicado en el cruce de los jirones Italia y Antonio Bazo, dentro del damero de Gamarra.

Delante de esa misma pared de concreto, unos días antes, Zapata se había tomado una fotografía con sus colegas en sus momentos de descanso. Esa era la última imagen que tenía en las manos su viuda, Norma Cahuana, quien junto a su bebe de meses y su hija de siete años, observaba con impotencia los milimétricos movimientos de la excavadora especial. Sus ojos vieron entrar y salir a cerca de 200 bomberos que se turnaron para realizar un trabajo que se parecía más a una delicada cirugía médica por los riesgos que comprometía cualquier acto sin cálculo.

También a las 11:15 a.m. fue rescatado el cadáver de Julio Paricahua Vargas, quien en sus últimos minutos de vida logró comunicarse telefónicamente con su familia y pidió ayuda porque estaba aplastado. La policía confirmó que encontraron el celular en la mano del cadáver. Alrededor de las dos de la madrugada de ayer se recuperaron los cuerpos de Víctor Díaz Vilcahuamán y Juan Carlos Rodas Livia.

La cuadra seis del jirón Antonio Bazo era una calle tomada por la desesperación y la rabia de los familiares de las ocho víctimas fallecidas. No hay consuelo que valga ante la pérdida de un ser querido cuando se tiene la certeza de que su muerte ocurrió por una cadena de acciones negligentes que terminaron en tragedia.

Los deudos liberaban su rabia porque hasta ayer --más allá de las expresiones de apoyo de hasta el presidente de la República, Alan García-- nadie se hacía cargo de los gastos para el sepelio de las víctimas. Ni Gerardo Mamani Oscco, dueño del edificio derrumbado, ni Juan Arratia Acho, gerente de J.A.A. Contratistas Generales, dieron la cara. El primero no fue hallado por los inspectores del Ministerio de Trabajo en su domicilio fiscal, mientras que el segundo --según informó a este Diario su hijo Juan Arratia Paucara-- se encontraba reunido con sus abogados y no daría declaraciones.

En Gamarra hay por lo menos otras ocho edificaciones en obra, pero curiosamente ayer, cuando los inspectores de trabajo, encabezados por la Ministra de Trabajo, Susana Pinilla, se presentaron en la zona todos habían suspendido sus labores. Aun así era inocultable que en el emporio comercial más importante hay edificios de hasta 16 pisos construidos en cimientos de informalidad e ilegalidad. De lo contrario, no se explica cómo en una zona donde se permite solo hasta 12 pisos haya construcciones que son aun más altas.

La ministra Pinilla indicó que el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo se empezó a aplicar en octubre pasado, luego del plazo de adecuación otorgado por el Estado, pero exhortó a los obreros y empleados a comunicar sus denuncias y quejas al Ministerio de Trabajo para realizar las inspecciones laborales.

"Son los trabajadores los primeros que tienen que exigir condiciones de seguridad para laborar. (...) Sabemos que a través de la tercerización de servicios se intenta sacar la vuelta a la ley", indicó Pinilla. Por su parte, Mario Huamán, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, indicó ayer que con el accidente en Gamarra ya suman 36 los obreros fallecidos en accidentes laborales en obras en construcción. "Sin embargo, no se conoce de algún responsable sancionado con la cárcel", apuntó.

Hay 17 edificios ilegales en Gamarra
La gerenta de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de La Victoria, Lucía Ledesma, indicó ayer que se detectaron 17 edificios comerciales sin licencia de construcción en el emporio comercial de Gamarra, donde --según agentes inmobiliarios consultados-- el metro cuadrado de terreno tiene un valor de 10.000 dólares.

Ayer el concejo victoriano, al igual que el Ministerio de Trabajo, informó por la mañana que haría una inspección en el damero de Gamarra, pero esta no se realizó.

"Hay un problema de desacato total a la autoridad, ya que aunque nosotros hemos notificado e impuesto multas no se han detenido las obras", indicó Ledesma.

Si Gamarra es la gallina de los huevos de oro de muchos empresarios, cabe preguntarse: ¿existe un plan integral para una regeneración urbana de esta zona comercial metropolitana? ¿Por qué hay edificaciones tan altas si por el aforo de gente que acude a diario es mucho más difícil la evacuación en caso de un accidente por causa humana o natural? Desde el inicio de su período, el alcalde Alberto Sánchez Aizcorbe, arquitecto de profesión, prometió ejecutar un plan integral que ordenase este emporio comercial, pero todavía no hay indicios serios de que haya tal plan. Las últimas intervenciones de reordenamiento por las fiestas de fin de año han tenido un efecto temporal.

La Ordenanza Metropolitana 1082, publicada el 18 de enero del 2007, es la última norma que actualiza los planos de zonificación del distrito de La Victoria y permite para el área de Gamarra edificios de hasta 12 pisos como máximo. No obstante, para Vladimir Arana, presidente de la Sociedad de Urbanistas del Perú: "Los planos de zonificación se aprueban sin evaluaciones de riesgo que permitan medir las consecuencias de aumentar la intensidad de uso del suelo". "Lo que está primando es la oportunidad económica por la presión empresarial", indicó.

CLAVES
Mañana formalizarían denuncia penal
El fiscal Augusto Berrocal, encargado del caso, señaló ayer que las investigaciones preliminares siguen en curso y que mañana podría estar formalizando la denuncia contra los responsables.

La licencia de construcción falsificada por los responsables del edificio en construcción evidencia que se cometió el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. Según el Código Penal, si producto de este hecho se generaran otros perjuicios, la pena es no menor de dos ni mayor de diez años. Además, el dueño y la contratista tendrán que enfrentar las sanciones administrativas que corresponden.