BOLIVIA. SE AGUDIZA LA CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL

Crece la tensión por declaración de autonomía de cuatro departamentos

Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando buscan tomar el control político. En La Paz hoy entregarán texto de nueva Carta Magna al presidente Morales

LA PAZ / SANTA CRUZ [AFP]. Cuatro departamentos de Bolivia se declararán hoy autónomos mediante estatutos en que se otorgan a sí mismos facultades ejecutivas y legislativas, una iniciativa condenada por el gobierno de Evo Morales, quien presentará a su vez un proyecto de Constitución que la oposición desconoce.

La agroindustrial Santa Cruz, la gasífera Tarija, la ganadera Beni y la amazónica Pando --que concentran el 67% del PBI boliviano-- buscan tomar el control de funciones hasta ahora en manos del Gobierno Central y del Congreso en La Paz, en un abierto desafío al gobierno de Morales.

Dirigentes políticos y cívicos en las cuatro regiones han aprobado por separado, entre jueves y viernes, sus propuestas de estatutos que presentarán hoy en cabildos populares para luego refrendarlos en referendos locales.

"Estamos en el camino de la autonomía y la democracia", afirmó el prefecto del rico departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, la cabeza más prominente de la oposición empresarial, civil y política al gobierno del socialista Morales.

"El sábado a mediodía veremos el nacimiento de una nueva república autonómica", sentenció, por su lado, Pablo Klinsky, presidente de la Asamblea Preautonómica de Santa Cruz.

Las propuestas de los cuatro departamentos coinciden en líneas generales en dar mayores facultades al prefecto y convertir los consejos departamentales en asambleas legislativas cuyos miembros serán elegidos por voto popular.

Asimismo plantean asumir funciones de la policía y recaudar y distribuir de manera interna sus impuestos, principalmente de la minería, hidrocarburos y recursos forestales.

Las cuatro regiones han radicalizado sus acciones autonómicas luego de la aprobación, el domingo pasado en la Asamblea Constituyente, de la nueva Carta Magna, sin presencia de la oposición, que la considera altamente indigenista y estatista.

Las regiones confiaban en que la Constitución les otorgaría las autonomías que ya habían sido aprobadas por un referéndum en julio del 2006.

La Constitución --que de cualquier modo no es reconocida ni por estas regiones ni por la oposición de derecha-- sí consagra las autonomías departamentales, pero le suma autonomías municipales e indígenas que en la práctica le quitan cualquier fuerza a esta iniciativa.

REACCIÓN OFICIAL
En La Paz, Morales aseguró que los departamentos opositores buscan la separación del país y que sus estatutos son ilegales, por lo que advirtió que las Fuerzas Armadas preservarían la unidad del país.

"Están las Fuerzas Armadas, está el pueblo boliviano, para que el país jamás se desintegre", dijo. "El proyecto de autonomías busca separar a Bolivia, pero la unidad del país no se discute", agregó.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, cuestionó el viernes los intentos "divisionistas del territorio patrio".

"Esos estatutos autonómicos ni siquiera reflejan una posición federalista, son francamente divisionistas, además de que no han sido consultados con el pueblo", afirmó el funcionario.

Organizaciones sociales y sindicales afines al gobierno han previsto un gran festejo popular para hoy día en la Plaza de Armas de La Paz cuando la Asamblea Constituyente entregue a Morales el texto de la nueva Carta Magna.

EN PUNTOS
La nueva Constitución Política
A Hoy la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, entregará el nuevo texto al presidente Evo Morales, que lo remitirá al Congreso para que convoque un referéndum en el que los bolivianos lo acepten o rechacen.

B La nueva Constitución se aprobó el domingo en Oruro sin la presencia de la oposición. Consta de 411 artículos y 12 disposiciones transitorias.

C La Asamblea Constituyente inició sus tareas con 255 miembros el 6 de agosto del 2006 y concluyó el pasado 9 de diciembre con la aprobación del nuevo texto, pero su trabajo se complicó por innumerables escollos legales presentados por la oposición y el pedido de traslado de la sede de gobierno de La Paz a Sucre.