PREOCUPANTE RETRASO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA

Perdiendo la carrera contra la burocracia

Por Raúl Ferrero. Jurista

Sin inversión no puede haber desarrollo. No cabe duda alguna. El país avanza, la economía anda bien y los índices relacionados a ella son positivos.

Si bien el país crece principalmente gracias a la inversión privada, que representa cuatro quintas partes del total, también resulta muy importante la inversión pública que desgraciadamente sigue rezagada.

Como ya lo hemos señalado anteriormente, el Estado no sabe qué hacer con el dinero que recauda anualmente a pesar de que este seguirá creciendo hasta alcanzar, muy probablemente este año, un 15% sobre el producto bruto interno (PBI), que a su vez, se prevé supere los 100.000 millones de dólares.

Después de mucho tiempo el Estado tiene los recursos económicos que durante varias décadas buscó sin lograrlos, y sin embargo, así como su capacidad de obtener recursos ha mejorado, su capacidad de gasto ha empeorado produciéndose una relación inversa que no parece lógica. La regla perniciosa hoy resulta ser "a mayores recursos menor capacidad de gasto".

Y esto se debe a la deficiente gestión pública, lo que ha llevado al presidente de la República a reclamar que se modifiquen las reglas vigentes para que el sistema regulatorio y complicado de la toma de decisiones del Estado se simplifique y vayamos hacia una urgente simplificación administrativa.

El SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), creado en el año 2000 y modificado hace poco, sigue siendo engorroso y dificulta el proceso de decisión gubernamental. Eso no quiere decir que deba desaparecer, pero sí que tenga que ser flexibilizado, para no terminar constituyéndose en una traba para el desarrollo del país.

No basta el argumento que sostiene que existen 12.000 proyectos de inversión ya aprobados por el SNIP, que por lo tanto estos deben ser ejecutados sin necesidad de que se modifique el SNIP, el cual podría estar operando más como candado que como control previo del gasto. Desafortunadamente muchos de esos proyectos no son prioritarios ni necesariamente se adecúan a los requerimientos del presente.

Algunos han cumplido con todos los requisitos formales y han merecido la aprobación correspondiente, pero la falta de ejecución oportuna los convierte en menos importantes que otros que sí tienen méritos para ejecutarse pronto y sin embargo están esperando turno.

La utilización de los recursos del Estado debe ser objeto del mayor cuidado posible, pero no al extremo que dejemos de realizar las obras necesarias o indispensables.

Si bien se ha intentado adquirir bienes cuya utilidad no está en discusión, como patrulleros y ambulancias, no se ha tenido éxito. Ello se debe en parte a la ineficiencia de los funcionarios encargados, pero principalmente a la excesiva burocratización del sistema de adquisiciones existente en las dependencias públicas, el que tiene que adecuarse a los pedidos y hasta reclamos para que se pueda siquiera comprar los bienes que hacen clamorosa falta para cumplir con los servicios públicos básicos que el país espera con impaciencia.

Para corregir estas agudas deficiencias administrativas, el Gobierno debería recurrir a la colaboración de organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, u otras, que nos puedan asistir en ese propósito. No será fácil, pero por alguna institución se debe comenzar, fuera de la asistencia que el sector privado otorgue.

¿Por qué no pensar en una escuela de administración pública que comience por capacitar a los funcionarios que correspondan y luego pueda ampliar su encargo para formar a los futuros funcionarios? Un buen ejemplo, lo tenemos en Francia, donde el ingreso a dicha escuela es sumamente codiciado por el prestigio que se ha ganado.