MATAR O NO MATAR

Piden estudiar vigencia de la pena de muerte en EE.UU.

Cada vez más ciudadanos tienen serias dudas sobre este castigo

Por Juan Carlos Chávez. Corresponsal

MIAMI. La pena de muerte en Estados Unidos está perdiendo aliento y cada vez son más los sectores de la opinión pública que reclaman su prohibición, debido a que no solo es moralmente incorrecta en opinión de sus detractores, sino que no ha sido un factor disuasivo en la batalla contra el crimen.

Esta semana, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado del país en sacar de carrera a la pena capital desde que esta se restituyera hace 31 años en toda la nación.

Las autoridades llegaron a la conclusión de que la máxima condena no ha hecho sino condicionar la forma de impartir justicia, pues con frecuencia la decisión de enviar a un reo al corredor de la muerte se debe a una suma de problemas y factores pocas veces expuesto, como la falta de garantías para un proceso justo y políticas racistas, así como escasez de fondos públicos que podrían destinarse a mejorar el trabajo de los laboratorios forenses y hacer más puntual el análisis de las pruebas acusatorias.

Desde 1976, alrededor de 1.099 personas han sido ejecutadas en EE.UU. En el ámbito nacional, la pena de muerte es considerada legal en 38 de los 50 estados.

Defensores de los derechos humanos y activistas que abogan por una prohibición general de las ejecuciones han hecho notar que la mayor cantidad de condenas de este tipo ocurrió en Texas, estado que se jacta de contar con el sistema judicial más riguroso.

Sin embargo, la abolición de la pena capital en Nueva Jersey podría incentivar a otros gobiernos estatales a seguir la misma ruta e iniciar una toma de decisiones y cambios para desactivar el sistema a mediano plazo o, al menos, reforzar otras formas de impartir justicia, como sanciones mayores de 30 años sin libertad condicional para los casos más graves.

El costo en los sistemas de pena de muerte también se ha convertido en un asunto que genera debate entre la opinión pública y los opositores a este tipo de ordenanzas. Se estima que las administraciones estatales invierten más de 11 millones de dólares al año para mantener toda esa descomunal burocracia que está detrás del aparato de justicia y prisiones para reos destinados al corredor de la muerte.

Los detractores de la pena capital han dicho que este dinero podría usarse mejor si se dirigiera a otros sectores críticos del poder judicial para aumentar, por ejemplo, el número de abogados calificados en la administración pública y establecer un órgano de fiscalización para los jueces que cometen fallos graves en el desarrollo de un proceso.

De acuerdo con un estudio de la Unión de Libertades Civiles de América, una coordenada que marca el tono en la aplicación de la pena de muerte está fuertemente ligada al color de piel.

La entidad que aboga por los derechos humanos tomó como punta de referencia el caso del estado de Ohio. Allí investigadores y académicos independientes hallaron que quienes asesinan a un blanco tienen cuatro veces más posibilidades de terminar en el corredor de la muerte, que los que matan a una persona negra.

En el ámbito nacional, los expertos han confirmado que más del 50% de los ejecutados desde 1976 han sido de raza negra y que el grueso de la población carcelaria corresponde a grupos étnicos minoritarios.

La entidad agregó que 3.350 reos esperan su ejecución.

Joe Roberts, un portavoz del congreso estatal de Nueva Jersey, sostuvo que el reemplazo de la pena de muerte por la condena de por vida sin derecho a fianza capta mejor los valores y creencias de los pobladores del estado.

CONTRA EL TRATO CRUEL
La decisión de poner un freno permanente a las ejecuciones en Nueva Jersey llega en un momento crítico para el sistema en toda la nación, ya que actualmente hay una moratoria temporal en los 38 estados desde que el Tribunal Supremo de Justicia estadounidense aceptara revisar, en setiembre de este año, la demanda de dos prisioneros en Kentucky que tendrían que haber muerto con inyecciones letales, el método más utilizado por los departamentos carcelarios del país.

Los abogados de los reos argumentan que el castigo tiene características que violan la Octava Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe tratos crueles e inhumanos.

El Tribunal Supremo dará un veredicto en marzo del 2008. Pero hasta entonces, las ejecuciones permanecen literalmente congeladas.

Mientras tanto, Illinois ya apunta a ser el segundo estado en abolir las ejecuciones.

Los abogados también están en contra
The American Bar Association (ABA), la mayor asociación de abogados estadounidenses, también expresó su desacuerdo con la pena de muerte luego de varios años de discusiones.

Según ABA, tal como están puestas las condiciones, no se está entregando la justicia que merece el pueblo estadounidense y que se le garantiza.

El grupo realizó un estudio en ocho estados donde se aplica la pena capital y las conclusiones fueron previsibles para los expertos: el castigo se impone con criterios racistas y regionales.

Según un estudio del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM), los estados del sur castigan más a los negros convictos que a los blancos.

También demostraron que las defensas de oficio, que pone a disposición el Gobierno cuando el demandado no tiene suficiente dinero, acaso rayan con la incompetencia, y que hay un elevado número de ciudadanos estadounidenses (40%) que preferiría que se le descalificara de un jurado si el juicio arrastra la posibilidad de una pena de muerte.