QUINCE AÑOS DESPUÉS, LA REIVINDICACIÓN NO LLEGA A TODOS

El cese arbitrario de diplomáticos

Por Francisco Miró Quesada Rada. Politólogo

Han pasado 15 años. El 29 de diciembre de 1992 el gobierno de Alberto Fujimori tomó la arbitraria e injusta decisión de cesar a 117 diplomáticos. Una medida en la que se manifestó, una vez más, el uso autoritario del poder durante su gobierno. Incluso, en un mensaje por televisión, con la intención de justificar lo injustificable, el dictador insultó a los afectados con una serie de calificativos que no vale la pena repetir.

La historia nos ha demostrado que del grupo de los diplomáticos cesados, tres han ocupado importantes cargos en la Cancillería y en otro ministerio, como el de Defensa. En tanto que quienes estuvieron en el poder, Fujimori y su asesor, se encuentran en la cárcel. El entonces ministro de Relaciones Exteriores está condenado por golpista, y el viceministro, un embajador de carrera, separado definitivamente. Sin embargo, como consecuencia de la medida, aún quedan diplomáticos que no han recuperado totalmente su carrera. En cambio, otros que sacaron provecho de ella ocupan importantes embajadas.

El cese de los diplomáticos redujo bruscamente al 30% nuestro servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien cuantitativamente constituyó un atentado a la capacidad operativa de la diplomacia peruana, cualitativamente fue peor, porque se privó a nuestro país, como se demostró posteriormente, de sus más destacados funcionarios, entre los que se encontraban especialistas en temas fronterizos relacionados con el Ecuador, país con el que tuvimos una guerra, que pudo evitarse a través de negociaciones diplomáticas.

Es así que el daño y perjuicio no solo fue para un grupo de profesionales y a una prestigiosa institución como Torre Tagle, sino principalmente para el Perú, que en los tiempos del cese y la discriminación del servicio exterior tuvo que afrontar con todas sus consecuencias pérdidas de vida y soberanía, corrupción en la compra de armas, afectándose también seriamente nuestra economía. Quince años después cabe preguntarse ¿qué hubo detrás de esta arbitraria y antipatriótica medida?

El gobierno del presidente Paniagua y del primer ministro Javier Pérez de Cuéllar incorporó a los diplomáticos cesados, declarando ilegal el exabrupto de Fujimori. Con anterioridad a la justa decisión del gobierno de Paniagua, algunos diplomáticos que habían enjuiciado al Estado fueron restablecidos por mandato judicial. Si bien las resoluciones judiciales demostraron lo injusto del cese, los beneficiados estuvieron marginados en el ministerio.

Toledo hizo bien en pedir disculpas en nombre del Estado por algo que él no había cometido. Queda ahora, y sería un gesto de grandeza, esperar del actual gobierno la reparación del daño dándoles oportunidad a los que fueron cesados para acceder a las promociones y embajadas en el exterior.

El servicio diplomático del Perú, desde su fundación, está ligado a nuestra historia republicana. En consecuencia, merece la más alta consideración del pueblo y de las autoridades. Su importancia, ahora en un mundo globalizado, es crucial porque contribuye con la inserción y la presencia de nuestra sociedad en el contexto internacional, situación que adquiere en este año mayor relevancia, porque nuestro país organizará importantes cumbres, como la de Europa-América Latina y El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).