Cándida polémica sobre un tema demasiado serio

Por: Juan Paredes Castro |

La investigación del movimiento del dinero mafioso en el Perú no es cualquier cosa como para que nos demos el lujo de perder demasiado tiempo en una polémica de formalidades entre la Contraloría General de la República y la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA).

En verdad, es triste que el país se enfrasque en quisquillosos reclamos de prerrogativas funcionales que bien podrían arreglarse en la mesa del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, antes de afectar el objetivo al que precisamente apunta la ONA.

Para comenzar, no hay nada razonable en la creencia de que la creación de la ONA y el nombramiento de Carolina Lizárraga al frente de ella vaya a disminuir la perfomance de la contraloría y de Genaro Matute en el rastreo de los signos exteriores de riqueza, del lavado de dinero del narcotráfico, de los desbalances patrimoniales y del simple origen sospechoso de ciertos fondos millonarios.

Todo esto, que lo puede y no lo puede hacer la contraloría, que abarca un abanico gigantesco en el solo control de la ejecución presupuestal del Estado, sí lo puede hacer, de manera focalizada, a tiempo completo y con eficacia, la ONA.

Por primera vez en el Perú, el Gobierno desearía enfrentar a la corrupción en su flanco más fuerte: el del lavado de dinero, flanco que no ha sido tema de cruzada de la contraloría ni de la actual gestión del Ministerio Público pese a las evidencias de movimiento oscuro y mafioso de capitales provenientes principalmente del narcotráfico.

El nombramiento de Lizárraga se refuerza, de un lado, en la necesidad de focalizar la investigación del lavado de dinero y de los desbalances patrimoniales en busca de resultados más rápidos y expeditivos y, de otro lado, en la estrategia del Gobierno y del Estado de impedir que los mecanismos de corrupción penetren las instituciones policiales, militares, fiscales y judiciales, como ocurrió durante el copamiento de tales mecanismos por Vladimiro Montesinos.

Sería motivo de decepción profunda que una subalterna preocupación por formalidades burocráticas terminara echando por tierra la primera oportunidad propicia que tiene el país de enfrentar la corrupción en su penetración económica y financiera más encubierta.

Todos somos conscientes, claro está, de que ni la ONA ni la contraloría van a ir demasiado lejos si no tienen como aliados al Ministerio Público y al Poder Judicial, instituciones que, justamente por tener todavía fiscales y jueces no limpios de polvo y paja, tienen que pagar muy caro la percepción ciudadana negativa.