El actuar público

Por Alberto Pascó-Font [Economista]

Las instituciones del Estado están plagadas de potenciales acreencias de miles de miles de soles que, en la práctica, tienen una posibilidad nula o remota de cobrarse. Más es lo que se gasta en tratar de cobrar que lo que se puede recuperar. Pero si el funcionario decide vender la acreencia a un, obvio, reducido valor de mercado, entonces, el funcionario se puede ver en un lío y tendrá que explicar por qué "regaló" una acreencia de S/.100.000 en S/.1.000. Para qué complicarse. Mejor seguir tratando de cobrar algo incobrable y gastando inútilmente recursos estatales. Por ese malgasto nadie le va a pedir cuentas. Los controles no hacen una evaluación costo-beneficio de las acciones que hacen los servidores públicos. Básicamente verifican si se han seguido los procesos. Si un funcionario público que voluntariamente se sometió a un arbitraje lo pierde, alguien ha interpretado que tiene que insistir en el Poder Judicial, en caso contrario no está protegiendo los intereses del Estado.

Para un funcionario público, un juicio para recuperar S/.10.000 o uno por S/.10 millones genera similar responsabilidad. Pobre de aquel que decida abandonar uno de S/.10.000, aunque el costo de proseguir con el juicio sea mayor que lo que se pretende recuperar. Los controles estatales le caerían y serían implacables. Otra vez, lo que importa es que se cumpla con el debido proceso. No importa si en el camino se gastan miles de miles de soles para tratar de recuperar una acreencia inferior. Tampoco importa si el juicio se pierda, siempre que el funcionario haya sido diligente. Cualquier empresario privado hubiera abandonado la causa.

Ciertamente en el pasado existieron abusos, pero es necesario buscar un justo medio y evitar este controlismo exagerado y paralizador que alcanza otras esferas. Aunque es ridículo que para evitar las situaciones anteriores se tengan que sacar leyes (uno pensaría que basta el sentido común), es positivo que el Ejecutivo promueva normas que permitan subastar acreencias del Estado o permitan llegar a transacciones a los procuradores públicos en procesos judiciales de cuantía no mayor a S/.100.000. Creo que es un avance en tratar de dotar de racionalidad al accionar de los funcionarios públicos y en ir generando un sistema de control que enfatice resultados antes que procesos.