Principios

Por David Rivera del Águila. Economista [Editor]

La opinión expresada en esta columna sobre el proyecto de exportación del gas de Camisea, publicada hace tres semanas, generó comentarios, malinterpretaciones y suspicacias respecto a nuestra posición sobre este tema y sobre la inversión privada. La reacción de algunos pocos sectores (pero "importantes") no nos fue extraña, e incluso era esperable, pues fue la misma que se generó cuando denunciamos la salida de cientos de millones de dólares desde Doe Run Perú hacia su matriz, mientras la empresa afirmaba no tener recursos para cumplir con su programa medio ambiental de la refinería de La Oroya, o cuando hemos tenido que tomar una posición independiente y objetiva frente a los problemas sociales que ha enfrentado a la minería con las comunidades y las ONG.

Por ello, en esta nuestra primera columna del 2008, decidimos compartir con ustedes y aclarar algunos puntos respecto al proyecto de exportación del gas y respecto a los principios que han guiado y continuarán guiando nuestra línea informativa y de opinión, acordes con los Principios Rectores de este Diario. Comencemos por lo último.

1 La inversión privada. Creemos firmemente en ella, consideramos que es indispensable y fundamental para el desarrollo del país, pero también creemos que no es un fin en sí misma (eso es un dogma), que es buena siempre y cuando esté en línea con los intereses y el desarrollo del país. Por ejemplo, es positivo para el país la inversión privada de las empresas mineras que han logrado una buena relación con sus comunidades y que han cuidado el medio ambiente, como Xstrata, Antamina, BHP Tintaya; de aquellas preocupadas por generar valor agregado a partir de nuestros recursos naturales, como lo harán los dos proyectos petroquímicos que producirán fertilizantes y plásticos en el sur del país a partir del gas de Camisea; de las que año a año se esmeran por tratar bien a sus trabajadores y compartir con ellos incluso más de lo que las leyes les exigen, como las ganadoras del Great Place to Work; etc. Pero no podemos considerar como trascendentales para el país proyectos como la exportación del gas de Camisea, que no genera ningún valor agregado, ni dejar de señalar que la decisión para su ejecución se haya tomado tan a la ligera cuando se trataba de nuestro principal recurso energético; ni dejar de criticar y señalar los atentados contra nuestro medio ambiente (Doe Run y las productoras de harina de pescado), ni las violaciones a derechos elementales de los trabajadores (Casapalca y muchas otras medianas mineras). Esta inversión privada no solo no es buena, sino que no debe interesarnos, porque es más el daño que el beneficio que nos genera.

2 Economía social de mercado. Creemos en el libre mercado y lo defendemos en el sentido más estricto del concepto. Pero ello no guarda necesaria correspondencia con los intereses y planteamientos del sector empresarial, sobre todo si tomamos en cuenta que para este el liberalismo era --y es aún para algunos-- un término relativo, en lo económico y en lo político; que hasta hace no mucho ha estado acostumbrado a vivir de la mamadera estatal y que recién está aprendiendo a vérselas por sí mismo; que ha tendido a protegerse en manada y ha sido incapaz de marcar distancia de sus malos elementos y que recién está tomando consciencia del rol que le corresponde en la sociedad. Creemos también en un Estado fuerte, que más allá de dogmas sobre de qué tamaño debe ser, tenga la suficiente capacidad para acompañar el crecimiento del país y servir de contrapeso a la actividad privada cuando así corresponda. Pues es responsabilidad del Estado velar para que, sobre cualquier interés particular, prevalezcan los intereses del país, además de garantizar la igualdad de oportunidades, las condiciones mínimas de vida para todos sus integrantes, etc.

3 Estabilidad del ámbito legal. El Estado debe respetar los compromisos que asume y cumplir con los contratos que firma. Eso es fundamental para atraer inversión y lo es en un mundo cada vez más globalizado. Pero ello no quiere decir que el Estado no pueda proponer renegociar los contratos si considera que las condiciones establecidas atentan contra los intereses del país o que los beneficios que se derivan de los acuerdos son desproporcionados o asimétricos. El Estado está en todo su derecho a plantear las renegociaciones que considere necesarias (y las empresas de aceptarlas o no) sin temor al cuco --inexistente-- de que se "espantará la inversión privada". No apoyamos el modelo de Evo Morales en Bolivia ni creemos que sea una salida viable para nuestro país, pero sí consideramos importante recordar que tras la renegociación de los contratos de hidrocarburos las empresas siguieron invirtiendo (la semana pasada se informó que la inversión en hidrocarburos en Bolivia alcanzaría este año un récord de US$876 millones). Empresas como Petrobras, Repsol YPF, British Petroleum y Total decidieron quedarse. El recurso energético está ahí, a las compañías les interesa incluso bajo las nuevas condiciones y el Estado ha buscado sacarle el máximo provecho a su explotación.

4 La exportación del gas de Camisea. Dicho todo lo anterior, pese a nuestra indignación nunca afirmamos que el Gobierno debía patear el tablero e impedir a toda costa que este proyecto se pusiese en marcha. Sí cuestionamos la forma en que se tomó la decisión de que la exportación del gas era la opción más conveniente para el país (nunca se hizo una evaluación y eso linda con la negligencia), así como los fundamentos de este gobierno y del BID para apoyar el financiamiento de este organismo multilateral al consorcio Perú LNG para la ejecución del proyecto. Si el respaldo del Gobierno se debía fundamentalmente a la necesidad de guardar coherencia con una decisión de Estado tomada con anterioridad, lo entendemos, pero no así que se pretenda convencernos de que la decisión estuvo bien tomada y que el proyecto es lo que más le conviene al país. Asimismo, dados los cuestionamientos realizados a los cambios que se hicieron al contrato original de Camisea, así como a las condiciones establecidas para la exportación del gas, sí consideramos que ambos deben ser evaluados por este gobierno para definir si amerita o no plantear una renegociación. Este es un tema en el que este gobierno no puede pretender guardar silencio. Finalmente, sí consideramos importante llamar la atención sobre la relevancia de salvaguardar nuestros recursos y no cometer los errores del pasado, de asegurarnos su óptimo aprovechamiento y de garantizar el desarrollo del país.