Por Elizabeth Salazar Vega
Se pensó que tras su arribo a Lima, procedente del penal de Iquitos, el destino de Jorge Chávez Montoya 'Polaco' iba a ser el penal para reos primarios (antes San Jorge), pero ayer se supo que el otrora brazo derecho del narcotraficante Fernando Zevallos 'Lunarejo' se encuentra recluido en los calabozos de la Dirandro y bajo estrictas medidas de seguridad.
El traslado de 'Polaco' a Lima fue decidido por el Juzgado Penal 46 de Lima, para confrontarlo con Zevallos dentro del proceso que se les inició en Maynas por lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros, pues el 'Lunarejo' ha desconocido el testimonio que dio respecto a sus actividades ilícitas. Según fuentes confiables, el careo se realizará el miércoles en el penal de Piedras Gordas, donde el ex dueño de Aerocontinente cumple una condena de 20 años por otro proceso por tráfico ilícito de drogas. Al término de la diligencia 'Polaco' será regresado a Iquitos.
Informes de Inteligencia de la Dirandro confirmaron a los altos mandos de la PNP que Chávez Montoya iba ser asesinado si lo trasladaban a Piedras Gordas, mientras que en el antiguo penal de San Jorge se hacía imposible su reclusión ya que la ley no permite el internamiento de personas con su perfil delictivo.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gustavo Carrión Zavala, se limitó a confirmar que tanto su personal como la Policía Nacional han dispuesto las medidas de seguridad necesarias dado que se trata de una persona amenazada de muerte. Este Diario pudo conocer que 'Polaco' es resguardado por 15 agentes, e incluso la comida que ingresa a su celda es previamente analizada para descartar que esté envenenada.
Como se recuerda, inicialmente el traslado fue programado para el pasado 18 de diciembre, pese a haber huelga de trabajadores judiciales y estar cerca las festividades de fin de año. El INPE y la PNP analizaron el caso e indicaron que era imposible trasladarlo con poca antelación y sin el personal de seguridad necesario.
Cuestionan a Interior por traslado de fiscal
Como una infracción constitucional calificó la Junta de Fiscales Supremos el oficio que les envió el ministro del Interior, Luis Alva Castro, para interceder por la fiscal de Maynas, Luz Loayza, quien investigó y denunció a Fernando Zevallos, pero que ahora ha recibido la orden de retornar a su plaza de origen pese a que su vida correría peligro.
En el documento, Alva recomienda que ella permanezca en Lima, pero la Junta de Fiscales suscribió ayer el acuerdo 1031 en el que rechaza los términos de la misiva, pues "colisiona con la autonomía del Ministerio Público e infringe la prohibición de no gestionar intereses de terceros, dispuesto en la Constitución. Ello ha sido copiado a la PCM y al Congreso.