Análisis
Por Farid Kahhat. Analista internacional y catedrático de la PUCP
Un tiempo antes de convertirse en presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan publicó un ensayo en el que desestimaba como un "mito colectivista" la idea de que, librados a su propia suerte, los hombres de negocios podrían coludir antes que competir, y actuar así en detrimento de los intereses del consumidor. Según Greenspan, en una economía de mercado "redunda en el interés de cada hombre de negocios tener la reputación de brindar un trato justo y un buen producto".
El problema con esa opinión no es que sea falsa, sino que es verdadera solo bajo determinadas circunstancias. Como señala el Nobel de Economía Amartya Sen, "no existe 'el resultado del mercado' más allá de las condiciones que rigen los mercados, incluida la distribución de los recursos económicos y de la propiedad". Idea que, por lo demás, suscribían los clásicos de la economía, desde Adam Smith hasta Paul Samuelson. Por ejemplo, la ausencia de una regulación adecuada en materia de conflictos de intereses y la presencia de incentivos perversos en materia de gobierno corporativo permitieron años atrás fraudes masivos como los de Enron y World Com.
Para entender la lógica detrás de esa conducta habría que recurrir a una cita de otro clásico (del humor, no de la Economía), de apellido Marx (Groucho, no Karl): "El secreto en los negocios es la honestidad y el trato justo. Si puedes fingir ambas, lo lograste". Los ejecutivos de Enron, por ejemplo, recibían parte de su remuneración en acciones de la empresa, y decidieron fraguar utilidades contables que en realidad no existían. Los accionistas no se enteraron de ello porque los auditores externos encargados de develar esas prácticas (firmas contables como Arthur Andersen) eran a la vez consultores de Enron, lo que les daba una razón para ser complacientes con la contabilidad creativa de la compañía. Cuando el hecho se hizo de dominio público, los ejecutivos ya habían vendido a un buen precio acciones que ahora no valían nada.
A juzgar por la actual crisis inmobiliaria en Estados Unidos (y la subsecuente crisis bancaria), poca agua ha pasado bajo los puentes desde entonces. Bajo el sugerente título de "¿Qué estaban fumando?", una reciente edición de la revista "Fortune" colocaba en cubierta los rostros de varios ejecutivos destituidos de connotadas firmas de Wall Street junto a las cantidades de dinero que tuvieron a bien perder para la empresa.
Pero, parafraseando al ex presidente Clinton, podría decirse que los ejecutivos en cuestión fumaron pero no inhalaron, puesto que los principales intoxicados fueron los accionistas convertidos en involuntarios fumadores pasivos. Porque si bien el presidente ejecutivo de Merrill Lynch fue obligado a renunciar tras la depreciación masiva de abstrusos instrumentos financieros basados en hipotecas impagables, ello no lo obligó a devolver uno solo de los 48 millones de dólares que ganó en el año previo, cuando sus decisiones parecían servir a los accionistas.
Aunque, en honor a la verdad (y a diferencia de Enron), en estos casos la existencia de un fraude deliberado no es (al menos aún) un hecho comprobado. El problema es, sin embargo, el mismo: una estructura de compensación a los ejecutivos que, cuando menos, los induce a tomar riesgos de una imprudencia temeraria.
Hoy, hasta el propio secretario del Tesoro, Henry Paulson, admite que la regulación pública fue a la zaga de una "innovación financiera" fuera de control. Pero quienes ahora demandan a las compañías inmobiliarias y a los bancos de inversión deberán demostrar no solo incompetencia, sino además voluntad de fraude. Es decir, demostrar que tales "innovaciones" fueron un subterfugio para inducir al ciudadano medio a adquirir deudas hipotecarias que no podría pagar, o a comprar como buenos instrumentos financieros basados en esas malas hipotecas.
Los acusados alegan que no estamos ante un caso de información asimétrica (Vg., ellos sabían la verdad, y la ocultaron a sus clientes), sino de genuina ignorancia compartida. Prueba de ello es que invirtieron su propio dinero en la adquisición de instrumentos financieros crípticos desde su denominación misma (SIV, RMBS, ABCP, etc.). Ese sería un argumento persuasivo, si no fuera por que esas entidades también son acusadas de no revelar información negativa cuando esta estuvo a su disposición.
Por lo demás, si realmente carecían de la información necesaria para ponderar sus bondades, ¿entonces por qué esos bancos de inversión calificaron esos instrumentos financieros como inversiones "Triple A" (Vg., virtualmente libres de riesgo)? Según la revista "The Economist", por un conflicto de intereses, "Las agencias calificadoras de riesgo debían servir al mercado, pero su lealtad principal fue hacia los emisores que pagaban sus honorarios" (aunque aquí la calidad del gobierno corporativo hizo una diferencia fundamental, porque hubo agencias como Goldman Sachs que, en lugar de enfilar hacia el oasis, llamaron al espejismo por su nombre).
Ahora, incluso Alan Greenspan propone un rescate fiscal para librar a la economía de las consecuencias de acciones que autoridades como él no regularon en forma debida durante los tiempos de bonanza. Lo cual sugiere que algunos son liberales solo cuando hay utilidades que compartir, pero que no tienen mayor inconveniente en socializar las pérdidas.