Empoderar y desempoderar

Por Francisco Miró Quesada Rada. Politólogo

En el proceso de decisiones políticas los que más ejercen el poder son las autoridades y los funcionarios públicos de mayor rango. Los primeros llegan al poder gracias al voto popular en una democracia, por cierto. Los segundos porque ocupan un alto cargo en la administración pública.

Las autoridades elegidas ejercen un poder de manera constante, pues siempre están decidiendo en los niveles para los que han sido elegidos. Por el contrario, los ciudadanos electores tienen una mezcla de poder real y poder potencial. Las autoridades, en consecuencia, están empoderadas no solo por el voto popular que los respalda, sino por la función que desempeñan. Por lo general, el ciudadano, aunque con poder potencial en la mayoría de los casos, es un desempoderado en comparación con las autoridades o con los llamados grupos de poder que expresan una pluralidad de intereses.

Precisamente uno de los grandes debates, en el marco de la democracia moderna, gira en torno a los mecanismos institucionales que se requieren para empoderar a los ciudadanos. Los términos empoderar y desempoderar no existen en el diccionario de la Real Academia Española, pero no por ello carecen de significado. La primera deriva del inglés; en cuanto a la segunda, es de exclusiva responsabilidad del autor de este artículo.

¿Cómo se puede empoderar al ciudadano? Una de las formas de empoderamiento son las instituciones de la democracia directa, llamadas también democracia participativa. Ello quiere decir que los ciudadanos cuando las usan tienen poder, están empoderados. Precisamente este es el meollo del asunto para lograr que nuestra democracia sea más democrática, en un país como el nuestro que históricamente no es un ejemplo democrático.

En el debate actual sobre la revocatoria, Luis Castañeda ha sostenido que así como se revoca a los alcaldes y presidentes regionales, consejeros regionales y regidores, debería revocarse a los congresistas. Un tema que no está en la agenda del Congreso, donde algunos sectores opinan a favor de la renovación por tercios, lo que es también una buena propuesta para empoderar al ciudadano. Ambas modalidades no son excluyentes.

Sin embargo, más allá de este debate lo que se advierte es una tendencia que, de cumplirse, reduciría el poder del ciudadano, al plantearse una revocatoria con más largo plazo que el que señala la Ley 26300, y una propuesta para que no alcance a los congresistas. Desde luego, el empoderamiento de la ciudadanía sería afectado si procediera esta idea, lo que profundizaría más la brecha existente entre la sociedad civil y la sociedad política.

El debate sobre la revocatoria se realiza a nivel de dirigencias políticas y en algunos medios de comunicación, ¿pero se ha preguntado al ciudadano qué piensa sobre ella?  Desde luego que hasta ahora no se ha hecho esa pregunta y no se ha hecho porque en el Perú no existe la costumbre de consultar a los ciudadanos para que se pronuncien sobre sus derechos. Dadas así las cosas, limitar la revocatoria significaría desempoderar a los ciudadanos de su potencial poder para remover a una autoridad, lo que sería un retroceso en la necesaria democratización del país. El último párrafo del artículo 31 de la Constitución dice que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos