Por: Luis Solari de la Fuente. Ex primer ministro |
La arena política ya no es patrimonio exclusivo de los partidos. El Gobierno acertó buscando el consenso político social en el Acuerdo Nacional, como soporte institucionalizado a las acciones por venir ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Sin embargo, no todo es oro.
El 9 de enero el Gobierno remitió al Congreso un proyecto, tramitando el pedido de los presidentes de gobiernos regionales para postergar la revocatoria de autoridades. Como la gran mayoría de ellos --y de alcaldes-- fueron electos con menos del 35% de los votos, ese proyecto enfrenta al Gobierno con la mayoría ciudadana que no votó por ellos. ¿Intromisión centralista? ¿Por qué no lo presentó la célula parlamentaria, evitando así que el presidente sea fusible de su gobierno?
El 11 de este mes se promulgó un discriminatorio decreto supremo para contratar como profesores exclusivamente a egresados del tercio superior. Además de incitar un 'vale todo' para incluirse en este, promueve la deserción de la carrera en los dos tercios restantes y su enemistad hacia el Gobierno; también la de los maestros hoy desempleados. El decreto colisiona con el artículo 21.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". ¡Qué tales asesores! Bastaría con endurecer el concurso.
Dos frentes nuevos abiertos en 48 horas, sumados al tema Fonavi y al apoyo gubernamental a la concesión del patrimonio histórico y sus respectivas protestas ciudadanas. De otro lado, duras declaraciones contra ciudadanos involucrados en reclamos en curso. Estos hechos revelan que, un año después, subsisten problemas de gestión y se mantiene un modelo relacional confrontativo.
Ese modelo pudo haber funcionado antes como imagen de poder. Ahora, con veinte años más de cultura de derechos de la persona, solo ha tenido costos políticos: mientras más pobre el ciudadano, más desaprobado el presidente y el Gobierno; si es de fuera de Lima, mayor desaprobación.
En el 2006 el candidato perdedor ganó en 16 departamentos; en el 2007 obtuvo solo un gobierno regional. Pero una reciente encuesta electoral para el 2011 muestra que conserva su caudal en el oriente, costa sur, sierra sur y sierra central. El presidente García ganó las elecciones con 8 departamentos; entonces poseía 12 gobiernos regionales, que en el 2007 se redujeron a dos; actualmente ha perdido caudal aun en los territorios que ganó.
Esta diferencia entre ambas opciones es una variable importante en el 2008, ya que las casas chavistas están concentradas principalmente en los territorios donde ganó el presidente García (costa norte, Lima Metropolitana), además de departamentos donde aumentó la pobreza del 2004 al 2006.
La ciudadanía esperaba una solución rápida a su desprotección de derechos sociales y no la ha obtenido. Mientras, las casas chavistas agencian programas precisamente de salud y educación, así como para las mypes. Estos programas podrían estar contribuyendo a crear una brecha entre familias pobres y autoridad, aumentando la desaprobación presidencial.
Además, el crecimiento ha beneficiado básicamente a la costa, generándose un aumento de la desigualdad territorial, utilizada no solo por chavistas, sino también por la expansiva industria de la cocaína. La descentralización económica, que sí reduce dicha desigualdad, parece no ser prioridad de la autoridad pública.
Un año después, con un escenario mucho más complejo, ¿podrá el Gobierno, cual 'transformer' político, cambiar adaptándose a esta complejidad? Esto implicaría, entre otros, recuperar funcionarios acostumbrados a escenarios complicados; activar el Ceplan y la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP/PCM); modificar la ley del canon para utilizarlo en lo que necesita la gente: alimentación complementaria, material educativo, servicios de salud y asociatividad productiva; actuar enérgicamente contra la corrupción y los enemigos de la democracia. Y, sobre todo... abandonar las formas confrontativas.