Firmas falsas: una justicia que tarda y llega a medias

Luego de casi ocho años, finalmente se ha producido la condena de algunos de los principales responsables de la masiva falsificación de firmas del movimiento Vamos Vecino y Perú 2000, un caso emblemático para la restauración democrática y moral de la nación que en su momento no mereció la debida prioridad de la administración de justicia.

Se ha sentenciado al ex asesor Vladimiro Montesinos a ocho años de prisión y al ex ministro del régimen fujimorista Absalón Vásquez a siete años. Otros, como el congresista Rolando Reátegui, están con pena suspendida por su inmunidad, a la espera del resultado de la apelación a la Corte Suprema, a partir de lo cual el Congreso podría eventualmente suspenderlo o desaforarlo.

Se dice que la justicia que tarda no es justicia, a lo que en este caso hay que agregar la sospechosa actuación de diversas instancias judisdiccionales, cuyas marchas y contramarchas en todos estos años despertaron los peores temores sobre la continuidad de la manipulación fujimontesinista del Poder Judicial y del Ministerio Público. Recordemos que en varias oportunidades se intentó abortar el proceso y exculpar a personajes cuya actuación irregular era más que evidente, como el caso de Óscar Medelius, cuyo proceso de extradición de Estados Unidos tiene que ser retomado con mayor vigor.

Las instancias judiciales y fiscales superiores tienen que permanecer firmes y alertas para resolver las apelaciones. No puede haber impunidad para los corruptos que querían burlar la voluntad ciudadana para seguir usufructuando del poder y que, para ello, no tuvieron reparos en utilizar las armas del fraude, la amenaza y la intimidación contra la oposición y la prensa independiente.

El Comercio y Canal N, los medios que denunciaron el esquema fraudulento, fueron objeto de presiones, amenazas y amedrentamiento judicial por parte del régimen de entonces. Pero el tiempo finalmente nos dio la razón, aunque la justicia tardase en llegar.