La solución vendría del exterior. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó a la Comisión Interamericana de DD.HH. que pidiera medidas cautelares para proteger a dos fiscales amenazadas de muerte: Luz Loayza, por el Caso Zevallos, y Jane Lucero, por el caso del velero Karisma.
La comisión --según su página web-- requiere a los estados medidas cautelares para evitar daños graves a los derechos humanos en casos urgentes o pide a la Corte Interamericana de DD.HH. una medida provisional para proteger a personas.
Walter Gutiérrez, decano del CAL, dijo que de aceptarse el pedido, la Fiscalía de la Nación no reclamaría autonomía, como podría ocurrir si el Congreso o el Ejecutivo presionan para que se proteja a las dos magistradas.
De otro lado, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que no es injerencia que el Congreso indague en el caso de Loayza. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó su confianza en que la Junta de Fiscales Supremos reconsiderará enviar a Loayza a Iquitos.