Por Iván Herrera Orsi
Ayer fue publicada en el diario "El Peruano" la resolución suprema que oficializa la separación de Gustavo Carrión de la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Por lo que se desprende del texto de la norma, se entiende que el funcionario no renunció sino que fue destituido sin disimulos.
El artículo 1 de la disposición resuelve "dar por concluida la designación del teniente general PNP (r) Gustavo Carrión Zavala como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario".
Tal como se adelantó, lo reemplaza en el puesto, de forma interina, el abogado Leonardo Caparrós Gamarra, quien era hasta ayer vicepresidente del INPE.
Caparrós aceptó declarar a El Comercio y dijo que esperaba consolidar algunas tareas en las ya que venía trabajando al interior de la institución. Mencionó el proyecto de la ley del trabajador penitenciario, cuyo texto sería puesto en consideración de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en los próximos días; y también el manual de derechos humanos para la función penitenciaria, el cual apunta a establecer lineamientos de conducta para el personal. A esto hay que agregarle la labor de la comisión encargada de estudiar la tercerización de los penales, en la que participaba Caparrós en representación del INPE.
Mientras que su antecesor hizo públicas sus dudas sobre la conveniencia de la tercerización, propuesta por la ministra, Caparrós se muestra más favorable a la participación del sector privado en el sistema carcelario.
Ello abona a favor de la versión de que la salida de Carrión se debió a su postura sobre el tema.
"El Estado tiene algunos problemas para hacerse cargo de ciertas funciones, por lo que hay que ver de qué manera la inversión privada puede colaborar", argumentó el encargado del INPE.
Dentro de la referida comisión, Caparrós ha sugerido que se recurra al 'leasing' o arrendamiento financiero para construir nuevos penales. También ha planteado que se venda la infraestructura de algunas cárceles con el compromiso del comprador de levantar nuevas instalaciones.
MÁS DATOS
4Leonardo Caparrós trabaja en el INPE desde el 1 de abril del 2007. Antes fue consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en temas de seguridad.
4Roberto Pereira, adjunto de la Defensoría del Pueblo, aclaró que su institución considera positivo que se explore la posibilidad de tercerizar algunos servicios penitenciarios. Días antes, José Ávila, responsable de asuntos carcelarios de la defensoría opinó distinto.