La legalidad a prueba de balas

Por: Juan Paredes Castro |

Posiblemente el Perú sea el único país en el mundo en que un puñado de jueces y fiscales libra la batalla más grande y en cierta forma exitosa contra la corrupción, la violación de derechos humanos y el narcotráfico, mientras sus instituciones (el Poder Judicial y el Ministerio Público), como tales, no encuentran la manera de recuperar eficiencia y credibilidad.

¿Qué ha hecho que esta suerte de individualidades extraordinarias haya puesto en el banquillo de los tribunales y en la cárcel a cabecillas de mafias internacionales y a encumbrados ex personajes del gobierno de Alberto Fujimori, incluido a este mismo, a su principal asesor Vladimiro Montesinos, y a quien estuvo a punto de ser nombrado Mariscal del Perú, general Nicolás Hermoza Ríos?

Algún milagro produjo el período de transición del ex presidente Valentín Paniagua, algunas de cuyas medidas legales arremetieron contra la espina dorsal del viejo sistema de impunidad imperante en el país desde hace casi doscientos años.

Esta es la gran paradoja que lava la cara de la legalidad democrática del país, al tiempo que revela otros dos contrastes terribles: el de un presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, convertido en llanero solitario de una reforma institucional en la que no lo acompaña ni su sala plena ni el Congreso ni el Gobierno (poseedor pleno de los candados presupuestales), y el de una presidenta del Ministerio Público, Adelaida Bolívar, a quien parece no importarle reforma institucional alguna ni el manto de sospecha de presiones del narcotráfico que se extiende sobre ella y ahora también sobre la Junta de Fiscales Supremos. El motivo no es otro que la desprotección que sufre la amenazada fiscal del Caso Zevallos, Luz Loayza, prácticamente obligada por sus superiores a retornar a Maynas, donde cualquier sicario puede acabar con su vida mañana mismo.

¿Por cuanto tiempo más este puñado de jueces y fiscales, prácticamente heroicos, puede seguir garantizando investigaciones y juzgamientos limpios, eficientes y exitosos, si sus instituciones y autoridades se mantienen estáticas, como el Poder Judicial, o marchan en direcciones opuestas, como el Ministerio Público?

Podríamos asistir en algún momento al colapso de todo aquello que comenzó bien, a la resurrección cada vez más fuerte de la impunidad de las mafias, y a una más sofisticada incursión de la criminalidad dentro de las estructuras del Estado, entre ellas la judicial y fiscal.

Solo el Consejo Nacional de la Magistratura, como máximo organismo encargado de la evaluación de jueces y fiscales, puede salvar de la precariedad horrorosa y del fango de las presiones criminales, la legalidad del país.

En manos de esta suprema reserva de conciencia moral y jurisdiccional hay algo más que un mandato constitucional y legal: un claro sentido olfativo de que algo se pudre en el ámbito de su competencia fiscalizadora.