Protestas podrían radicalizarse si no es derogada la Ley 29167

Por Renzo Guerrero de Luna. Corresponsal

A las 6:00 a.m. de ayer, más de cien policías y otros tantos soldados llegaron al aeropuerto Alejandro Velasco Astete para dar seguridad a las decenas de pasajeros que arribaban al Cusco. La información que se tenía sobre las acciones que tomarían los manifestantes, durante el paro convocado para exigir la derogación de las leyes 29164 y 29167, asustaba a cualquiera. Sin embargo, no ocurrió nada que lamentar. La movilización se desarrolló sin violencia.

A las 8 a.m., miles salieron a las calles para protestar. Ante la falta de vehículos en las calles, los turistas debieron desplazarse en carretillas, cuyos dueños cobraban cinco soles para prestar el servicio. Poco importaba que una de las dos normas, la Ley 29164, hubiese sido derogada el miércoles pasado por el Congreso. "Estamos cansados de que siempre se quieran llevar lo nuestro", decía un manifestante y alegaba que ambas leyes atentan contra el patrimonio arquitectónico de los cusqueños.

SIN MAYORES PROBLEMAS
Algunos piquetes dispersos por la ciudad hacían temer que no sería un paro tan ordenado; sin embargo, todo se desarrolló sin mayores altercados entre la policía y los manifestantes. Solo hubo algunos incidentes aislados. Desconocidos atentaron contra la imagen de Víctor Raúl Haya de la Torre. Unos cien pobladores ingresaron al Parque Arqueológico de Sacsahuamán y gritaron arengas durante tres horas. Se calcula que más de 25 mil personas marcharon por las calles.

El paro, convocado por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco y por la asamblea regional, ambas presididas por Efraín Yepes, no contó con la participación de las máximas autoridades cusqueñas, pues están imposibilitadas, por ley, de promover hechos de esta naturaleza. Sin embargo, el presidente regional, Hugo Gonzales Sayán, y la alcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros, dijeron que apoyaban la protesta.

Yepes anunció que analizarían si convocaban una huelga indefinida para pedir la derogación de la Ley 29167. "Estamos en la lucha y si es necesario convocaremos al pueblo para radicalizar nuestra posición. Tal vez así en Lima nos escuchen", dijo.

OTRA INTENCIÓN
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, declaró que no entendía por qué los cusqueños realizaban un paro de esta envergadura, si en el Congreso ya se había derogado la Ley 29164. "El Ejecutivo dio su opinión técnica, mejoró la ley y la promulgó porque consideramos que era forma de promocionar la inversión privada. () La ley pretendía favorecer el desarrollo de las inversiones turísticas permitiendo al Estado proteger el patrimonio. Probablemente eso va más allá de una razón técnica, quizá un tema más político", precisó la ministra.

DEL CONSULTOR
CARLOS E. ARAMBURÚ. Antropólogo

¿Patrimonio cultural o cultural patrimonial?
¿Qué se necesitaría para poner de acuerdo a las partes en conflicto?
1. El Perú tiene más de 100 mil lugares de valor arqueológico y patrimonial. Solo una fracción ha sido rescatada, por la ausencia de una política de promoción cultural. Este podría ser un recurso valiosísimo no solo para crear empleo descentralizado, sino para reforzar nuestra autoestima e identidad cultural.

2. Para ello no basta con promover la inversión privada. Antes es preciso identificar las zonas de amortiguamiento para desarrollar servicios turísticos (hoteles, restaurantes, museos de sitio, centros de venta artesanal, etc.). Frecuentemente las zonas arqueológicas son mucho más extensas de lo que los precarios catastros indican (casos de Chan Chan y Caral, por citar solo dos). Sin un plan de ordenamiento territorial se puede hacer más daño que bien.

3. La inversión privada en zonas patrimoniales debe ser regulada y supervisada. Además debe generar recursos para que el INC cumpla esas funciones que podrían tercerizarse.

4. La inversión en esas zonas no tiene por qué limitarse a grandes capitales, como parece establecerse en estas leyes. Un cofinanciamiento usando, por ejemplo, los importantes recursos del canon minero podría facilitar que medianos y pequeños inversionistas participen en esta actividad, siempre con supervisión y regulación del INC y de los expertos. El tamaño no es sinónimo de calidad, y en muchos de estos lugares la demanda es aún limitada y lo que se requiere son servicios de calidad, pero a precios asequibles a las mayorías, no solo a los turistas pudientes.

Es clave iniciar el diálogo entre las comunidades y los gobiernos locales y regionales para llegar a un acuerdo beneficioso. Tenemos que superar la cultura patrimonial que determina que hoy estos centros arqueológicos se estén deteriorando y no sirvan a nadie. Pero la solución tiene que ser incluyente y no excluyente. ¿Será que los peruanos no podemos ponernos de acuerdo en algo tan básico?