En arca abierta hasta el justo peca

Por Fritz Du Bois

La obsesión de la bancada aprista por eliminar los controles a las empresas públicas empieza a ser realmente alarmante. Ello no solo porque la medida es mala, sino también por los antecedentes de ese partido, ya que en su anterior administración dejó un verdadero prontuario de malos manejos en las empresas estatales. Así tenemos que entre 1985 y 1989 las empresas públicas perdieron 1.653 millones de dólares (6% del PBI de entonces, lo que hoy serían 6.000 millones), pero siguieron gastando como si nada hubiera pasado. Incluso empresas quebradas que luego tuvieron que ser liquidadas como ENCI, Ecasa y Pesca-Perú incrementaron en 241% el numero de sus compañeros, perdón, de sus trabajadores.

Las empresas públicas en nuestro país no son realmente empresas ya que no están sujetas a controles, incentivos o castigos del mercado. No tienen accionistas exigiéndoles resultados y dividendos, tampoco directores independientes ni representantes de minoritarios, el propietario de la empresa cambia frecuentemente, ya que es el ministro de turno del sector al que pertenecen y hasta las obligaciones de rendir cuentas las determina otra entidad estatal (Fonafe), que es su equivalente. A diferencia de una empresa normal, no están sujetas a la fiscalización del mercado y ahora, en el colmo de la desfachatez, ya ni siquiera lo estarían de los controles estatales.

De otro lado, no es serio culpar al SNIP por la inevitable ineficiencia de la que adolecen estas seudoempresas. Ellas, luego de 35 años de inversión, aún mantienen al 19% de los limeños sin agua y desagüe, al 30% de los peruanos que no viven en Lima sin electricidad y a la totalidad del país sin puertos eficientes. Es decir, las empresas públicas vienen perjudicando a la población y restando competitividad a la economía mucho antes de que el SNIP fuera creado. Por tanto, ese no es un argumento válido y suena más bien a cuento inventado.

Por ello, si el Gobierno quiere lograr eficiencia y modernidad en la empresa estatal, la única manera es privatizar. Sin embargo, es claro que ahora no existe voluntad para desprenderse de ellas.

Ante esa lamentable realidad lo adecuado sería entonces vender el 49% de sus acciones en la bolsa, porcentaje que les permite mantener el control que tanto valoran, pero a su vez también aseguraría que los minoritarios participen en la dirección de la empresa y den tranquilidad a los que inviertan en ellas, ya que es un riesgo bien alto el estar asociado al Estado.

Adicionalmente, para entrar a bolsa las empresas tienen primero que ordenarse, lo cual ya sería un gran avance, y adquirir la obligación de presentar permanentemente balances auditados al mercado. Asimismo, saldrían del continuo cambio ministerial adquiriendo un horizonte de largo plazo y los ingresos que se reciban por las acciones permitirían que el país recupere algo de las enormes perdidas ocasionadas durante décadas. Finalmente, como la reconversión de muchos compañeros es un proceso bastante lento, este mecanismo permitiría demostrar las bondades del mercado a los que todavía se aferran ideológicamente al estatismo y a la intervención.

Sería, por tanto, un escándalo que el Congreso ceda a la presión y les retire el control, ya que estaría cerrando las puertas --y las cortinas-- de las empresas públicas a la transparencia y a la fiscalización. Crearían de esa manera la oscuridad que algunos esperan ansiosamente para entregarse alegremente a la tentación.