Importante toma de posición política en la lucha contra narcotráfico

En una frase que resume el crucial momento que atraviesa nuestro país, el presidente de la República, doctor Alan García, ha señalado que "un país que se construye sobre el narcotráfico es un país inmoral construido sobre el fango".

El terrible prospecto de un narcoestado es algo que rechazamos los peruanos de bien, pero que algunos no quieren entender en toda su inminencia, riesgo y magnitud, sea por ceguera, irresponsabilidad, negligencia o, peor aun, por dolosa complicidad. Según la Asociación de Bancos (Asbanc), en el 2005 el narcotráfico movió 2.500 millones de dólares en el país . Devida, por su parte, ha comprobado que nueve de cada diez hojas de coca son utilizadas por el narcotráfico, que crea estructuras de lavado de dinero, amenazas, corrupción y muerte, que todos empezamos a sentir cada vez más cerca.

Mientras la Policía denuncia a grandes empresas que, como Aerocontinente y Comarsa (el consorcio minero de los Sánchez Paredes), serían fachada del narcotráfico, en los últimos meses se han cometido, a plena luz del día,  varios asesinatos de sicarios y narcotraficantes, en lo que parecen ser cruentos ajustes de cuentas de la peor calaña.  Pero no solo eso. Hace unos meses fue asesinado el guardaespaldas del fiscal Mateo Castañeda, cuyo equipo ve varios juicios sobre narcotráfico. ¿Queda alguna duda del mensaje amedrentador?

En tanto, algunos congresistas humalistas insisten en defender a rajatabla a los cocaleros ilegales, como no queriendo entender lo obvio: que, fuera de todo subterfugio, se trata de vulgares cómplices del narcotráfico, pues destinan, con conocimiento de causa, su producción a abastecer a las mafias a cambio de un precio sobrevaluado que saben que no es el que se paga por la hoja de coca legal.

Habría llegado, pues, el  momento de preguntarnos: ¿De qué lado están algunos de los poderes públicos, los líderes de opinión y otras entidades representativas de la sociedad civil y  la opinión pública?

La verdad es que no son pocos los que juegan con la escopeta de dos cañones, por un lado supuestamente preocupados por el avance del narcotráfico pero, por el otro, haciéndose de la vista gorda o  colaborando con esta lacra.

La campaña del Gobierno y del Ministerio del Interior contra el lavado de activos ha movido el cotarro, incomodando a muchos. Ello se da precisamente en momentos en que el país asiste a una especie de consigna del más alto nivel para desproteger a la valiente fiscal  Luz Loayza, quien ordenó la detención y determinó la caída del cabecilla Fernando Zevallos, cuyas influencias aún parecen persistir en ciertas instancias.

Y ahora mismo, con un celo digno de mejor causa, la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, insiste en devolver a Loayza a Maynas, a pesar de las graves amenazas de muerte que pesan en su contra, lo que sienta  un negativo precedente para aquellos funcionarios que luchan con firmeza y convicción contra las mafias criminales.

Al respecto, la intervención del Congreso ha dejado mucho que desear, igual que la de la Junta de Fiscales Supremos que ha adoptado una actitud facilista más proclive al espíritu de cuerpo con su par Bolívar, antes que a evaluar detenidamente los hechos y las amenazas.

Igualmente, la ciudadanía sigue a la espera del trascendental pronunciamiento del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la denuncia y la investigación abierta en torno a las presuntas vinculaciones de Bolívar con el narcotráfico. ¡Qué desazón para el país! ¡La persona que encarna la defensa de los ciudadanos, sospechosa de tener vínculos con el narcotráfico! Por el bien y la tranquilidad de la fiscal Bolívar y de los peruanos, esto debe quedar aclarado cuanto antes.

En tal escenario, es saludable la declaración del presidente García que, como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, asume públicamente un liderazgo firme en la ardua lucha contra el narcotráfico y le da una señal clara a los demás estamentos del Estado. Por ello es también plausible que se haya denunciado a los policías corruptos del VRAE. Estos deben ser enjuiciados y castigados, al igual que los oficiales superiores que se hicieron de la vista gorda durante años, lo que los coloca en el plano de eventuales cómplices.

Aquí no caben tibiezas ni puntos medios. El Perú está en un momento propicio para dar un salto económico cualitativo con énfasis en el mayor empleo y la inclusión social, oportunidad que no nos puede ser arrebatada por mafias criminales que pretenden convertirnos en un paraíso de ilegalidad, desorden y corrupción. Contra todos ellos solo queda que el país se una como un puño. ¡Como un puño cerrado en defensa de la legalidad!