De Lima a Europa, sin escala en los Andes

Por Farid Kahhat. Analista internacional *

En octubre pasado, el presidente Alan García pidió a la Unión Europea (UE) iniciar negociaciones con el Perú para suscribir un tratado de libre comercio, al margen de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En su visita a España en enero de este año, volvió a reiterar ese pedido. Se trata de un pedido que suscita extrañeza por diversos motivos. El primero de ellos es que la negociación entre la CAN y la UE adoptará el esquema de "geometría variable" que prevalece en el propio proceso de integración en Europa (v.g., más allá de un consenso básico, diferentes estados pueden avanzar a un ritmo distinto en ciertos temas). Así, por ejemplo, países como Gran Bretaña decidieron mantenerse al margen del proceso de unificación monetaria y del Acuerdo de Schengen sobre temas migratorios, sin dejar por ello de ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea.

Quienes desde el Gobierno Peruano alegan que eso es precisamente lo que quiso decir el presidente García, deberían admitir al menos que eso no fue lo que dijo. De hecho, en octubre del 2007 sostuvo que era "imposible negociar un acuerdo bilateral en bloque con la Comunidad Andina de Naciones", dado que los actuales gobiernos de Bolivia y Ecuador "no creen en el libre comercio". Por lo demás ya en la Cumbre Presidencial de Tarija, en el 2007, se había ratificado la Decisión 667 de la CAN, la cual establece el marco general para las negociaciones ente ambas regiones. Esa decisión, en su artículo primero, sostiene a la letra: "La Comunidad Andina reconoce la existencia de diferentes niveles de desarrollo y enfoques económicos entre sus países miembros, los cuales se tomarán en cuenta en la negociación conjunta de un acuerdo de asociación". A su vez, el artículo segundo añade que las "asimetrías existentes" entre los países de la CAN "serán reconocidas y reflejadas en los compromisos que las partes asuman, asegurando un trato especial y diferenciado para Bolivia y Ecuador". No es, por ende, casual que los gobiernos de Bolivia y Ecuador entendieran las declaraciones de García en España como un retroceso respecto a los compromisos asumidos en Tarija (Bolivia), y que el propio presidente Álvaro Uribe sostuviera que Colombia no contempla ninguna posibilidad de negociación al margen de la CAN.

El pedido reiterado del presidente García sugiere además una comprensión errónea de las razones por las que la UE estableció como condición previa que la negociación fuera entre bloques. En primer lugar, porque se trata de negociar un "acuerdo de asociación" y no solo un "tratado de libre comercio" (como señaló García en las dos ocasiones antes mencionadas). Ello incluye no solo conceder un trato preferencial a Ecuador y Bolivia en los temas estrictamente económicos, sino además suscribir acuerdos en materia de democracia, derechos humanos y cooperación. Son estos últimos temas los que revelan la dimensión política que tiene la negociación para la UE, más allá de los beneficios económicos que esperaría obtener (los que, de cualquier modo, serían de escasa significación, dadas las dimensiones de las economías andinas).

De un lado, la UE tiene interés en fortalecer un proceso de integración como la CAN, inspirado en la propia experiencia de integración europea, y que atraviesa en este momento una severa crisis. Dentro de esa perspectiva, la UE pretende tender puentes hacia los gobiernos de Ecuador y Bolivia, con el fin de disminuir su dependencia de la relación bilateral con Venezuela, reduciendo de ese modo la influencia política del presidente Hugo Chávez en la región (objetivo que, es de presumir, comparten tanto el Gobierno de Colombia como el del Perú). Como es evidente, la propuesta de Alan García tendría precisamente el efecto contrario.

Por último, el presidente García difícilmente podía haber escogido una coyuntura menos propicia para reiterar su pedido. De un lado, porque el Gobierno Peruano acaba de iniciar un proceso ante la Corte Internacional de La Haya en torno a la controversia limítrofe que sostiene con Chile. Proceso en el que el Estado Ecuatoriano es parte directamente involucrada (en tanto es firmante del que, según Chile y Ecuador, constituye el tratado de límite marítimo entre esos países y el Perú). Ello sin mencionar que el Gobierno Boliviano podría también buscar alguna injerencia en el proceso, alegando que la demanda peruana tiene implicaciones para su pretensión de obtener una salida soberana al Océano Pacífico. De otro lado, porque el pedido se produce pocos meses antes de realizarse en Lima la reunión cumbre entre jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina. Lo cual suscitaría el temor entre algunos invitados de que el presidente anfitrión utilice ese podio para provocar nuevas fisuras en un foro que ya tiene suficientes grietas por subsanar (como, por ejemplo, el estancamiento en las negociaciones entre la UE y el Mercosur).

* DOCENTE DE LA PUCP