Norma que prohíbe rejas no se acata

Por Alberto Villar Campos

Una batalla de bocinazos --y más de una palabrota-- por seis hitos de la discordia se ha desatado entre conductores limeños y vecinos de la calle Las Tordillas, en San Isidro. Mientras los primeros son ahora incapaces de salir por esta vía hacia la avenida República de Panamá --el destino final es la Vía Expresa--, los segundos sienten que la paz ha vuelto, por fin, a sus hogares. "¡Pero a quién se le ocurrió esto!", gritaba un acalorado chofer el jueves último. Nadie, ni la policía de tránsito que lo mira, sabe qué responderle. No hay obras, pese a que la banda amarilla que cuelga sobre ellos así lo indica. De esta manera, la municipalidad distrital ha autorizado --lo confirma un cartel en la polémica calle-- que el derecho fundamental del ciudadano al libre tránsito duerma el más injusto de los sueños.

¿Desde la publicación, en el 2004, de la Ordenanza 690, con la que la Municipalidad de Lima buscó regular el uso de rejas, plumas levadizas y casetas de seguridad, qué ha cambiado en La Molina, Los Olivos o San Miguel, distritos donde este espinoso asunto de seguridad levantó una gran polvareda hace tan solo unos años?

Nada. Sin embargo, dos encuestadoras revelan que el principal problema para los limeños sigue siendo la falta de seguridad ciudadana. Zenobia Tupiño, vecina de la cuarta cuadra del jirón Tauca, en Los Olivos, donde una reja amarilla impide el tránsito vehicular todo el día, dice: "Mientras el serenazgo no nos cumpla, seguiremos cuidándonos de esta forma". Los Olivos es hoy también un paraíso enrejado que se cierra sin temor a los peligros de la capital.

YO PUEDO SER UN LADRÓN
Al igual que la anterior, cuatro de las siete rejas que rodean la urbanización Virgen de Fátima, en San Miguel, carecen de un vigilante que pueda abrirlas en caso de ocurrir --por ejemplo-- un incendio. De acuerdo a la Ordenanza 690, esto es una inobjetable violación a la libertad de tránsito. Rosa Luz Vieira, presidenta de la junta vecinal que acordó cercar la zona, prefiere no opinar, pero el alcalde del distrito, Salvador Heresi, sí lo hace: "No es una limitación arbitraria, sino a favor del derecho a la seguridad. Aquí hay una colisión de derechos que se ven afectados". Heresi añade que el problema es, en sí, la falta de acción del Estado para controlar la seguridad en la capital y que, debido a ello, el problema del aumento de rejas será difícil de resolver.

El especialista en seguridad ciudadana Gabriel Prado sostiene, sin embargo, que el problema es la sensación y no la certeza de que la ciudad es cada vez más insegura. Los niveles de criminalidad en Lima --según él-- se mantienen en un punto medio respecto de otras ciudades de Latinoamérica. "No podemos compararnos con México o Brasil, lugares donde la violencia sí es notoria. Lo que ocurre en muchos distritos es que se hace política pública desde la sensación", opina.

Heresi parece darle la razón: "El vecino percibe que, con las rejas, disminuye la incidencia de peligrosidad. Sin embargo, el delincuente puede utilizar una serie de modalidades para burlar dichos elementos: hacerse pasar por vendedor de libros, por una pareja de enamorados o, inclusive, por un vecino".

Celin Valerio, comisionado de la Defensoría del Pueblo, señala que, aunque instalar rejas o plumas levadizas no es inconstitucional, sí debe hacerse bajo criterios razonables. Se refiere a las ordenanzas que distritos como San Miguel han dado luego de la emitida por el concejo capitalino.

"Un vecino no puede solicitar la autorización de una reja porque sí --refiere--. Debe haber consenso entre quienes viven allí e indicadores de denuncias policiales que confirmen que se trata de una zona peligrosa".

El Informe Defensorial No 81, del 2004, que analiza la libertad de tránsito y seguridad ciudadana, ha servido de base para sentencias del Tribunal Constitucional respecto del polémico tema y , en un gran porcentaje, ha validado el derecho del ciudadano a transitar libremente por la ciudad. Sin embargo, y aunque las denuncias en la Defensoría del Pueblo han disminuido en los dos últimos años, Valerio no puede afirmar que las violaciones a este derecho fundamental hayan cesado.

¡LÍBRESE QUIEN PUEDA!
En La Molina, unos minutos bastan para sentirse atrapado. Y, para muestra, un botón: En la urbanización La Estancia no solo hay tranqueras eléctricas controladas por vigilantes de una empresa de seguridad, sino, además, un mensaje que advierte al visitante que, para ingresar, deberá identificarse, indicar su destino y dejar su documento de identidad. Esto, nuevamente, es una violación a la Ordenanza 690, que establece que el vigilante "permitirá el paso vehicular con la sola manifestación del ciudadano de querer transitar por la vía" y "no podrá pedir ni retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, salvo flagrante delito".

Nos preguntamos qué había pasado en estos distritos luego de publicada la Ordenanza 690 --lo hicimos también con la Municipalidad de La Molina, aunque sin suerte--, y la respuesta parece ser la misma: Nada. ¿Es la ciudad menos segura o acaso elegimos adelantarnos a los posibles peligros? ¿Nos gusta vivir entre rejas o, acaso, que una tranquera nos impida el paso si llevamos a un familiar a un hospital de urgencia? El capitán Pablo Ferruzo, director de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos, opina que las rejas y plumas levadizas son una pesadilla para su entidad a la hora de atender emergencias. "Demorarnos un minuto esperando a que alguien nos abra una reja puede costarnos una vida". Le dejamos esta frase como reflexión.

DEL CONSULTOR
NATALE AMPRIMO PLÁ. Constitucionalista

Legalidad y racionabilidad
El tema en comentario nos recuerda un aspecto que, muchas veces, se olvida: No hay derechos absolutos.

Si bien nadie discute que nuestro ordenamiento constitucional reconoce el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, debe admitirse que ese derecho, en principio y por expresa indicación del artículo 2.11 de la Constitución, contempla limitaciones, como las motivadas por razones de sanidad, mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería. Además, la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, y a la seguridad personal (artículos 2.22 y 2.24).

En consecuencia, el tema de la colocación de rejas en vías de tránsito público y la eventual afectación del derecho al libre tránsito deben ser compatibilizados con otros derechos también reconocidos y que buscan cautelar y proteger bienes jurídicos tan constitucionales y relevantes como la seguridad personal, la paz, la tranquilidad y el goce de un ambiente equilibrado.

El quid del asunto consiste en armonizar los derechos constitucionales en juego para que los bienes jurídicos que se buscan proteger no se vean afectados en su contenido esencial. Eso sí, cualquier colocación de rejas debe merecer una autorización municipal previa, y no admitir el cierre absoluto y permanente de una vía pública. Una vez más, la realidad nos exige un debido análisis de racionabilidad.

QUÉ DICE LA LEY
4La Ordenanza 690 de la Municipalidad de Lima señala que el 80% de los conductores de predios del área donde se busca instalar una reja, pluma levadiza o caseta debe aprobarlo. Asimismo, su instalación deberá tener la opinión favorable del área de Defensa Civil de la municipalidad distrital correspondiente.
4La Ordenanza 014, que regula la instalación de elementos de seguridad en San Miguel, indica que deberá indicarse cuándo estarán abiertas y cerradas las rejas.
4La Ordenanza 097 del Concejo de La Molina señala que el vigilante no podrá restringir el libre tránsito de las personas e indica que, sin su presencia, el elemento de seguridad deberá permanecer abierto.

FORO WEB
"En la calle Arcos de la Frontera, en La Molina, han llegado al abuso de señalizar la calle de manera tal que necesariamente se transite en forma circular para volver de nuevo a la avenida Los Frutales".
CARLOS MASNJAK

"Vivo en una de las esquinas del parque Jacarandá, en Magdalena, donde un grupo de vecinos, en forma arbitraria, ha colocado rejas que impiden el tránsito de vehículos y peatones y, pese a las quejas presentadas al alcalde Francis Allison, solo hemos recibido respuestas violentas. Ahora, incluso, han decidido cortar la circulación desde las 10 p.m. hasta las 7 a.m. sin que haya un guardián que pueda abrir las rejas si alguien necesita pasar por allí".
CARLOS DÍAZ SALGADO

"Para atacar el problema de las rejas primero debemos atacar el problema de la inseguridad".
JUAN JOSÉ REBAZA

"Una reja en la esquina de Los Bananos con Los Eucaliptos, en La Molina, ha sido cerrada permanentemente por los vecinos. Unas semanas pusieron bloques de cemento pero la municipalidad los retiró. Sin embargo, aún no abren la reja".
CARMEN

"En las urbanizaciones o calles donde se ha recurrido al enrejado la seguridad ha aumentado, pero también ha limitado el derecho de las personas al libre tránsito. Se deberían reglamentar los comités u organizaciones de barrio ya que muchos de ellos publican la relación de personas que no han pagado las cuotas para la vigilancia".
ALFREDO NOBLECILLA ROJAS

"Qué más se puede añadir. Sucede cada cosa increíble en esta ciudad donde, paradójicamente, la gente libre, y no los delincuentes, vive entre rejas".
JOSÉ LUIS ASCENCIO

OPINE EN LA WEB
LAS REJAS Y PLUMAS LEVADIZAS BUSCAN FORTALECER LA SEGURIDAD EN UNA VÍA, PERO TAMBIÉN DIFICULTAN EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. ¿QUÉ PROBLEMAS HA TENIDO CON ELLAS EN SU DISTRITO?
4www.elcomercio.com.pe