SERÁ REMITIDO AL CONGRESO
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, también opinará respecto del polémico Decreto Supremo 004-2008-ED, "desde un punto de vista constitucional y desde una perspectiva de políticas públicas en educación, analizando si esta medida es idónea e imprescindible".
Durante su participación en el programa "Sin rodeos", la titular de la Defensoría del Pueblo informó que su despacho remitirá al Congreso de la República ese informe "para contribuir con el debate parlamentario, en vista de los proyectos de ley que se han presentado proponiendo la derogación del mencionado decreto", en alusión a la propuesta del Partido Nacionalista.
Sin embargo, Merino no pudo ocultar su preocupación por la incorporación del requisito del tercio superior, "pues su aplicación no garantiza el cumplimiento de contar con un mejor magisterio, entre otras razones, porque existe un gran número de instituciones de formación docente que no cumplen con estándares mínimos de calidad".
Con relación a las ordenanzas regionales emitidas, Merino recordó que existe también la obligación de los funcionarios públicos de respetar el ámbito de competencias de cada una de las instituciones que conforman el Estado. "En esta medida --señaló-- existirían problemas de inconstitucionalidad tanto en el decreto (supremo número 004) como en las ordenanzas regionales emitidas".
Merino recordó que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con el derecho a la educación y por ello invocó a que se respete la gratuidad en la enseñanza pública, señalada en la Constitución de 1993, "la misma que no se cumple de manera efectiva en las escuelas públicas porque los padres de familia tienen que pagar 346 soles anuales por cada hijo matriculado en un colegio estatal".