POLÉMICA
Por Rosemary Thorp. Economista
Al tiempo que el Perú evalúa una importante mejora en las instituciones que afectan el sector minero --el ministerio del medio ambiente-- espero, con sinceridad, que el optimismo de Richard Webb, expresado en El Comercio ("Satanás minero", 11/2/2008) esté bien fundado.
A pesar de que nunca he sostenido la opinión que el columnista me atribuye, que toda la minería es mala, sí creo que el minero es un sector complejo que requiere de una activa y fuerte supervisión del Estado, si el objetivo es promover el desarrollo. Como lo demuestra mi trabajo histórico, y como lo señala el propio Richard Webb, el pasado muestra muchas razones para la preocupación.
Además de los problemas históricos que Webb describe, corrupción, abuso de derechos humanos y daño ambiental, para mí es central el efecto de un 'boom' exportador en los precios relativos --el tipo de cambio siendo el precio clave-- en una dirección que daña la rentabilidad de actividades económicas con potencial exportador o en competencia con las importaciones (que los economistas llaman transables).
Esto hace inherentemente difícil, incluso para un gobierno con la mejor de las voluntades, la tarea de trasladar los efectos positivos de la minería hacia otros sectores. También lo hacen los recientes desarrollos tecnológicos de la minería intensiva en capital, que reduce la participación de la economía local. El problema más profundo, sin embargo, es que las bonanzas tienden precisamente a desincentivar y distorsionar la creación de las instituciones fundamentales para la regulación del sector. Esto puede ser consecuencia de la lógica aparente de satisfacer al siempre muy importante inversionista extranjero, o por la tentación de generar dinero fácil. Por ello, la sociedad civil necesita estar vigilante, además del Gobierno mismo, en todo nivel.
Pero por supuesto que puede generarse desarrollo sobre la base del 'boom' de recursos naturales. Como Richard Webb lo señala, existen casos de éxito, y el Perú se beneficiaría mucho de estudiarlos bien. Todos ellos demuestran la importancia de instituciones fuertes y creíbles, y el Perú muestra hoy una nueva conciencia de esa necesidad.
En el artículo del 2003 que Richard Webb cita, yo explico (con el subtítulo de "El cambio es posible") mi opinión sobre el potencial de una descentralización responsable en un contexto democrático, con apoyo del Gobierno Central y un cuidadoso desarrollo institucional. Expliqué el papel del trabajo democrático con las comunidades pobres, "para que la gente articule sus necesidades económicas y sociales y reclame sus derechos... las grandes compañías no quieren conflictos, y creo que es posible negociar maneras de coexistencia muy diferentes. No creo que esta sea una utopía inalcanzable".
Ese es el tipo de trabajo que en mis cinco años (2001-2006) de labor voluntaria como Chair of the Board of Trustees de Oxfam Gran Bretaña he tenido el orgullo de apoyar. Miremos, por ejemplo, los casos de Tambogrande y Tintaya. Estoy absolutamente convencida que el trabajo de las ONG en dar 'voz' a la gente de Tambogrande, que corrían el riesgo de sufrir serios abusos, era necesario. La falta de información, e incluso desinformación, debía ser respondida por ser un asunto de justicia y para permitir que funcione la democracia.
Tintaya fue una historia excepcional; estoy muy orgullosa del trabajo de Oxfam Australia y Oxfam América en ese caso. En asociación con actores locales, fue posible crear un diálogo genuino entre las muy afectadas comunidades locales y la compañía BHP Billiton. El resultado fue una generosa compensación de la compañía. La tragedia ha sido que la dificultad en gastar el dinero bien creó nuevas frustraciones. El caso muestra una vez más la necesidad de buenos gobiernos nacional y regional que trabajen en el nivel local, la forma cómo los 'boom' hacen difícil el desarrollo local, y la necesidad de mejorar las capacidades de gobierno local y de las comunidades mismas. La generosidad bien focalizada es buena, pero no puede ser la solución por sí misma.