S eis meses después, Ica, Pisco y el resto de ciudades asoladas por el sismo del 15 de agosto del 2007 siguen aún en emergencia. Superar los graves daños que causó la tragedia el año pasado, y que arrasó la vida y el futuro de muchas familias, se ha convertido en una demanda nacional que el Estado no puede seguir desoyendo.
Y es que uno de los factores que ha agravado esta situación de caos permanente no es la falta de presupuestos --que existen por lo menos de manera suficiente--, sino trabas burocráticas inadmisibles en una situación de emergencia como la que vive el sur chico.
Evidentemente algo se ha avanzado, sobre todo gracias al sector privado productivo de Ica. Pero la percepción cierta es que no se ha hecho tanto como se esperaba.
EL TECHO ES SEGURIDAD
En cuanto a las viviendas, no se puede tapar el sol con un dedo. La mayoría de damnificados que perdió sus casas sigue viviendo en carpas y solo un tercio de los escombros de las ciudades iqueñas ha sido removido de las calles. ¡Qué decir de los servicios públicos básicos colapsados, la falta de agua y los colegios en ruinas!
Dotar de un techo más seguro a las familias ha sido un proceso demasiado lento. De acuerdo con lo informado, el mes pasado se entregaron 500 bonos de reconstrucción, un número exiguo ante los miles de afectados.
Los alcaldes de algunos distritos iqueños señalan que a la fecha hay muchas familias aptas para recibir el bono, el problema es la falta de celeridad para entregarles ese beneficio y terminar con la penosa sensación de impotencia y frustración que viven bajo las carpas. ¿De qué sirve que 5.707 personas cuenten con la certificación de damnificados beneficiarios de programas de ayuda del Gobierno, si estos no llegan?
Por ejemplo, prodigar a los afectados módulos temporales de vivienda debió ser la prioridad de la reconstrucción. Lamentablemente no ha sido así y la insatisfacción es evidente.
Como señala la encuesta nacional de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A., 50% cree que la reconstrucción ha avanzado menos de lo esperado, mientras que 31% cree que no se ha hecho nada.
EL PRECIO DE LA IMPREVISIÓN
L os damnificados siguen perdiendo, pero también las autoridades nacionales, regionales y municipales que han demostrado que no están preparadas para administrar una crisis.
Lo sucedido con el Forsur no demuestra que el aporte privado haya fracasado, sino que el burocratismo y las ansias de poder de ciertas autoridades y políticos pueden ser inconmovibles.
Recordemos que recién en noviembre del 2007 se dio viabilidad al Forsur, cuando se redujo el número de sus miembros. Tampoco olvidemos la discusión bizantina en el Congreso para definir si sus integrantes debían ser considerados funcionarios públicos.
Se criticó la presencia en Lima, y no en Ica, de Julio Favre, sin reconocer sus esfuerzos por luchar contra el sistema burocrático que lleva a asignar la ayuda a cuentagotas.
El Estado debió seguir el ejemplo de Colombia en el manejo de la crisis tras el terremoto de Armenia. Aquí ganó el elefantiásico aparato estatal que ahora debe poner todas sus energías en la ayuda a los damnificados. Se trata de peruanos cuya resiliencia es lo único que los hace albergar esperanzas en el futuro.