Mal haría el Gobierno si empezara a contratar a funcionarios públicos exigiendo como único requisito que tengan carnet aprista o sean simpatizantes del partido. Eso es lo que, de modo preocupante, estaría pasando con el programa Juntos.
A la anunciada renovación de autoridades se suman ahora las declaraciones del viceministro de Desarrollo Social, Javier Barreda, a quien le parece normal que la PCM nombre como presidente de Juntos a un connotado aprista como Iván Hidalgo, en reemplazo del empresario Alfonso Velásquez.
Resulta un retroceso que el régimen vuelva a colocar a partidarios en puestos clave que exigen la mayor independencia, precisamente para evitar la manipulación de programas sociales, utilizados de modo nefasto en el pasado para pagar favores políticos .
¿Cuánto gana la institucionalidad cuando el ciudadano ve que al elegir a funcionarios públicos pesa más su pertenencia partidaria, sobre todo en ámbitos como el apoyo social donde la politiquería debería estar al margen para hacerlos más eficientes y avanzar con su reingeniería?
En el caso de Juntos, el único programa social que ha conseguido reconocimiento local e internacional, se aduce que hay que dar continuidad a la lucha contra la pobreza. ¿Pero, por lo mismo, no sería mejor colocar allí a un profesional independiente, sin compromisos políticos con el partido del gobierno que lo nombra?