Por Óscar Castilla C.
Tres años después de los sangrientos hechos en Andahuaylas, la Sala de Emergencia para Reos en Cárcel, que preside Berna Morante, fijó para el próximo 28 de marzo el inicio del esperado juicio público contra los hermanos Antauro y Ollanta Humala Tasso y unos 180 inculpados protagonistas de la asonada que dejara cuatro policías muertos.
Este juicio, por el delito de rebelión y otros, es el tercero de su tipo en los últimos 16 años después de los procesos contra los ex ministros de Alberto Fujimori por el autogolpe del 5 de abril de 1992 y contra Vladimiro Montesinos y los jefes militares de entonces por querer derrocar al hoy extraditado el 2000. Diversas fuentes consultadas por este Diario señalaron que este será el proceso con mayor cantidad de acusados en las últimas décadas, ya que a la audiencia que se realizará en el penal de Lurigancho deberán asistir unos 180 inculpados.
El día del inicio del juicio oral, 28 de marzo a las 11 a.m., la policía deberá trasladar en simultáneo a los internos desde los penales de Piedras Gordas (Ancón), Miguel Castro Castro (Lurigancho) y de mujeres de Chorrillos, donde están recluidos, hasta la sala de audiencias que se improvisará en el penal de Lurigancho. Trascendió que en dicho juicio --a pedido de la fiscalía y de la procuraduría del Ministerio del Interior-- los hermanos Ollanta y Antauro serán confrontados, debido a las múltiples contradicciones de sus declaraciones.
En la resolución que fija la fecha del juicio oral, la vocal Morante se mostró alarmada por el pedido de expatriación solicitado por el Ministerio Público para los Humala y para el resto de encausados. Dicha magistrada ha impulsado el caso del 'andahuaylazo' en los últimos días, pese a los 30 hábeas corpus planteados por la defensa de los procesados en las últimas semanas y la demora de sus colegas de sala.
PREOCUPANTE COMPAÑÍA
Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, visitó ayer el penal de Lurigancho para observar el lugar donde se realizará el juicio. Távara acudió acompañado por el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el jefe del INPE, Leonardo Caparrós.
En esta comitiva también figuraba la vocal Carmen Rojjasi Pella, quien --según fuentes fuentes consultadas por este Diario--, podría asumir la presidencia del tribunal que juzgará a Ollanta y a Antauro Humala con el apoyo de Vega Vega.
Recordemos que Rojjasi Pella fue severamente fustigada por Elcira Vásquez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), quien pidió una suspensión de 60 días para ella y para su colega Juan Quispe Alcalá por encubrir a la magistrada Ana Espinoza en el cambio de una sentencia contra un narcotraficante israelí. Además, Rojjasi impuso nueve años al narco mexicano Miguel Ángel Morales en el 2007, pena que casi le permitió obtener su libertad. La Corte Suprema revirtió luego esta resolución y le impuso 25 años de prisión.
Francisco Távara, titular de la Corte Suprema, conoce los hechos que motivaron el pedido de la OCMA. Él mismo, siendo jefe del órgano de control el 2006, ordenó que la investigaran, asimismo, a Quispe y a Espinoza. Este Diario conversó con Luis Mena, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), quien reveló que la solicitud del órgano de control debe ser ratificada por esta entidad. "Como presidente del CEPJ (y de la Corte Suprema), Távara debe poner en agenda el caso de Rojjasi para ejecutar la suspensión. Hasta ahora no lo hace y no entiendo por qué", dijo Mena.