La urgencia de la continuidad

Por: Salomón Lerner Febres. Rector emérito de la PUCP |

Es sabido que uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo social en el Perú es la falta de verdaderas políticas de Estado con vocación de permanencia y con sentido de inclusión social. En un contexto de severa precariedad institucional y muy defectuosa representación política, pareciera que las únicas decisiones públicas estables son aquellas que favorecen la acumulación económica, sin preguntarse cómo traducirla en bienestar compartido. De allí la cotidiana realidad --misteriosa solo en apariencia-- de un malestar social que se agudiza al mismo ritmo que las finanzas se robustecen.

Esta circunstancia brinda especial valor a los pocos casos en que se producen propuestas integrales y realizables para atender problemas esenciales y, por tanto, impostergables. Al margen de la atención escasa que les dediquen los sucesivos gobiernos, tales propuestas poseen el innegable valor de poner en manos de la sociedad herramientas sólidas para el reclamo ordenado y atendible de sus derechos. Ellas son, además, pedagógicas en un grado extremo: nos enseñan qué debería y qué podría ser la gobernabilidad democrática en nuestro país.

Entre tal género de propuestas, una de las más estimables en los últimos años ha sido la del Proyecto Educativo Nacional, que fue elaborado a lo largo de varios años de trabajo por el Consejo Nacional de Educación. Ahora que estamos a pocas semanas de que concluya una primera etapa en la existencia de dicha entidad --instituida por la Ley General de Educación del año 2003-- sería oportuno ponderar en su justo valor el alcance de esa propuesta y sopesar la urgencia de asegurar su cumplimiento, así como la continuidad de la institución que la diseñó.

El consejo ha tenido la valentía de decirnos que el sistema educativo que hoy padecen los niños y jóvenes peruanos es incompatible con cualquier proyecto democrático. De hecho, es incompatible con la dignidad humana misma. A partir de esa nota de urgencia, hablar simplemente de una "reforma" es persistir en la evasiva. El espíritu del Proyecto Educativo Nacional es, más bien, el de una refundación del sistema; y esto no abarca solamente a las dimensiones consabidas de metodología y contenidos, sino a la gestión y a la movilización de recursos económicos y sociales, a la concepción de quienes son los sectores involucrados en esta responsabilidad y, desde luego, a los objetivos mismos de la actividad educativa. Lamentablemente, dicha actividad y el órgano que la propicia son entendidos todavía, al igual que la mayor parte de la acción estatal, con un espíritu burocrático: la afirmación de un mecanismo cuya única finalidad es seguir existiendo; el desarrollo de ciertas actividades que se justifican en sí mismas.

El enfoque del Proyecto Educativo Nacional --con su énfasis en acceso igualitario, pertinencia, calidad y disponibilidad de los servicios educativos-- propone una ruta que debería ser de sentido común, pero que, curiosamente, significaría un verdadero giro revolucionario en el sector: que dicho mecanismo ciego se transforme y sea consciente de que su cumplimiento asegura un derecho fundamental de niños y jóvenes.

En su aún breve existencia, los miembros del consejo y su equipo técnico han dado una interesante lección del arte de "hacer política", entendida no como voluntad de dominio sino como deseo creativo: la política pública tiene el deber de hacer posible aquello que es indispensable para humanizar una sociedad. Es urgente que esa enseñanza no sea desperdiciada, y ello implica garantizar la continuidad del Consejo Nacional de Educación con toda su experiencia acumulada y, desde luego, poner en práctica, sin efectismo sino de manera sistemática, dicho proyecto, que hoy es una de las más poderosas herramientas con que contamos para salir de la situación de inequidad que todavía sufre la mayoría de peruanos.