Las explicaciones sociológicas y estructuralistas de la violencia social no tienen sentido cuando hoy el extremismo no oculta sus planes
Por Hugo Guerra
Experimentado lector, es ya indiscutible que la nueva ola de agitación social que ha costado cuatro muertes, decenas de heridos y detenidos es parte de la partitura violenta escrita por el extremismo para el año de las cumbres internacionales.
El paro agrario en Ayacucho, Arequipa y la región norte, así como la huelga regional cusqueña estallaron exactamente al inicio de la primera reunión de funcionarios de APEC que acoge Lima, y como en política no hay coincidencias, revisemos qué está pasando:
Los gremios campesinos y la Junta Nacional de Usuarios de Riego (JNUDR) demandan soluciones a la deuda agraria, compensaciones por el TLC y el uso del agua, lo cual parece lógico cuando el 'boom' de la agroexportación se concentra en la costa, mientras la agricultura andina tiene muchas dificultades para integrarse a la globalización. Sin embargo todos sabemos que en plena descentralización --marcada por la transferencia millonaria de recursos hacia gobiernos regionales incompetentes--, las mesas de negociación (unas 20 multisectoriales) no pueden ofrecer soluciones inmediatas. Por tanto, hoy los paros son medidas de oportunismo provocador para frustrar no solo las cumbres de ALC-UE y APEC, sino también la inversión privada internacional que el 2008 puede superar los US$ 4.500 millones.
El absurdo paro cusqueño tiene el mismo sentido de guerra política e ideológica. Cerrar vías, impedir el turismo y obligar al gobierno a adoptar medidas de emergencia y exigir la dimisión del ministro del Interior es estrategia conocida del extremismo.
¿Quiénes encabezan la agitación? Sus identidades son conocidas: en Cusco el cabecilla es pro chavista; Patria Roja pone a los activistas; la CGTP ofrece la plataforma sindical urbana; Puka Llacta bate el campo al estilo senderista, y los humalistas ponen la fachada parlamentaria-cocalera. Adicionalmente, la red bolivariana, con alrededor de 82 'casas de amistad' venezolanas, 43 cubanas, una norcoreana y movimientos ultras enquistados en algunas universidades captan el financiamiento externo.
La partitura de la violencia fue pulida a fines de enero último en Puno, cuando se realizó el primer congreso nacional del ALBA con el objetivo central de organizar el boicot a las cumbres internacionales. Por ello, además de fortalecer a la policía y a los órganos de inteligencia, el Ejecutivo debería advertir a Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua que no se permitirá más injerencia en nuestros asuntos internos; dejando en claro que si aquí se producen incidentes terroristas, la comunidad internacional ya está notificada de quienes son los principales sospechosos de vinculación.
Entre tanto, la complicidad política local no es solo de ciertas autoridades regionales de Puno, Cusco, Arequipa y Tacna. Increíblemente muchos partidos democráticos no se suman a la pelea ideológica y política (¡hasta protegen al Sutep!), sin entender que hoy el problema no es estar a favor o en contra de García, sino preservar la gobernabilidad dentro del Estado de derecho, e impedir que aparezca algún 'humaloide' aun más extremista que el de hace dos años y eche por la borda la estabilidad económica que tanto nos ha costado alcanzar.