En el penal de Yanamilla, en Ayacucho, El Comercio fue testigo y víctima de las presiones que aún ejerce el poder del narcotráfico.
Ayer este Diario llegó hasta esa cárcel para entrevistar al interno Luis Dávila Melgarejo, un narcotraficante que trabajó para Fernando Zevallos en los años 80 en Uchiza. El miércoles, tras una solicitud hecha ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para entrevistarlo, Dávila accedió al pedido. La conversación versaría sobre las relaciones de Zevallos con el narcotráfico y el papel que desempeñó el periodista y sociólogo José Mejía Regalado en la red del narcotraficante.
Luego de entregar el permiso correspondiente para la entrevista, firmado por el director del INPE, Leonardo Caparrós, el periodista Miguel Ramírez y el fotógrafo Juan Ponce ingresaron al penal con una grabadora de mano, cámaras fotográficas y una laptop en la que el interno iba a visualizar una entrevista suya, en la que se desdijo de unas declaraciones que había hecho contra Zevallos, y que fue difundida en el 2003. En aquella entrevista, según varias versiones, habría participado José Mejía.
El director del penal, Carlos Pérez, habilitó una oficina y asignó a dos agentes del INPE en la puerta del ambiente para que fueran testigos de la conversación.
Dávila fue llevado hasta ese lugar, y allí se inició una charla previa entre él y el periodista antes de que empezara la entrevista, que el mismo interno había aceptado el miércoles, cuando fue consultado.
Todo transcurría dentro de la normalidad hasta que apareció el fiscal de turno Óscar Núñez Mora, quien pidió que el interno fuera trasladado a la oficina del director de la cárcel. Minutos después, el representante del Ministerio Público informó al periodista Ramírez que la esposa del interno Dávila había acudido hasta su despacho para denunciar que "un periodista del diario El Comercio estaba en el penal extorsionando a su esposo".
El redactor rechazó la acusación y argumentó que la entrevista había sido solicitada formalmente, que no se había producido ningún tipo de presión para que el reo declarara y puso como testigos de su afirmación a los dos agentes del INPE que habían estado presentes en la entrevista. El periodista le preguntó al fiscal quién le había avisado a la esposa de Dávila de la supuesta extorsión, pero la autoridad no supo responder.
Ramírez, entonces, pidió al fiscal Núñez que llamara a Dávila para que le dijera personalmente si lo había tratado de extorsionar, como aludía su esposa. Allí sucedió lo increíble: Dávila dijo que Ramírez lo había presionado para que hablara en contra de Zevallos. Se trataba de una trampa.
Pero la celada quedó al descubierto momentos después, cuando el fiscal entrevistó a los dos agentes del INPE, testigos de la conversación entre el periodista y el reo, y al director de dicha cárcel, quienes declararon que en ningún momento notaron que el periodista presionara a Dávila para que declarase en determinado sentido.
Afirmaron que el reo en ningún momento dijo estar siendo presionado, y que la conversación terminó abruptamente cuando apareció el fiscal Núñez.
Este, quien llegó al penal luego de la denuncia presentada por la esposa de Dávila, levantó un acta en la que se consignaron los hechos que aquí se relatan.
Minutos después llegó el suboficial PNP Harold Rodríguez Quispe, asignado para investigar los hechos. Los periodistas, conocedores de estas oscuras maniobras, le pidieron al policía que les hiciera una revisión de sus pertenencias para despejar cualquier duda sobre una acusación de soborno a Dávila.
El agente comprobó que Ramírez tenía 7 soles y 70 centavos en el bolsillo y que Juan Ponce no portaba dinero.
Los entretelones y detalles de esta celada serán contados mañana domingo.
Curiosamente, alrededor de las 9 p.m. de ayer, la central telefónica de este Diario recibió dos extrañas llamadas desde un teléfono público con frases amenazantes pronunciadas por una mujer desconocida. "El próximo muerto, perro descuartizado, es Miguel Ramírez", dijo esta persona.