Policías se habrían negado a pasar prueba de absorción atómica

La División de Homicidios de la PNP ha caído en graves contradicciones respecto a la responsabilidad que puedan haber tenido los cinco policías que estuvieron de servicio en la puerta principal de la Dirandro la madrugada del martes 19, día en que el 'burrier' mexicano Juan Carlos Torres Ibarra (23) murió de un balazo en la cabeza.

Por un lado, agentes de la División de Homicidios encargados de la investigación de la muerte de Torres Ibarra señalaron ayer que los cinco policías se negaron a pasar la prueba de absorción atómica.

Sin embargo, otra fue la versión del coronel PNP Leonardo Morales Naupari, jefe de la misma división, quien señaló que ellos sí fueron sometidos a dicho examen. "Es un narcotraficante que atacó a un policía y los exámenes de necropsia, balística, manifestaciones de los efectivos y otras diligencias determinarán si realmente se suicidó", señaló.

Los efectivos que supuestamente rechazaron la prueba pertenecen a la Oficina de Permanencia de la Unidad de Seguridad de la Dirandro. Sus nombres se guardan en reserva.

La absorción atómica permite detectar restos de pólvora en las manos de una persona que ha realizado un disparo. El jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), Luis Bromley Guerra, explicó ayer a El Comercio que los peritos tienen 72 horas para establecer si una persona disparó. Luego de ese tiempo las evidencias de los restos de pólvora se borran.

Las diligencias están a cargo del doctor Luis Balletto Acosta, de la Fiscalía Penal 37 de Lima, quien no ha proporcionado información alguna a la prensa hasta el momento.

ENCUBRIMIENTO
Al respecto, el abogado penalista Jorge Paredes Pérez informó que esta supuesta negativa de los policías puede ser tomada como un indicio de responsabilidad. "Es una prueba de descarte sobre quién disparó. El hecho es peculiar. Una persona no se suicida disparándose por detrás de la cabeza", señaló.

"Los custodios deben aclarar el incidente. Ellos son los primeros que deben cumplir la ley. Aquí hay una responsabilidad penal que no solo es por ejecutar el disparo sino también por los niveles de encubrimiento, por el mal llamado espíritu de cuerpo. La pena sería de cuatro a seis años", acotó.

"Es un delito encubrir y desaparecer huellas o vestigios. Hay responsabilidad penal. Entorpecer el proceso conlleva una sanción penal. Por incumplimiento y por borrar huellas", señaló.

Como se ha informado, en la madrugada del martes 19 de febrero, el 'burrier' Torres, quien había sido capturado la noche anterior con 13,4 kilos de cocaína en el aeropuerto Jorge Chávez, arrebató la pistola al suboficial de segunda Héctor Oria Pardavé (29) en la propia sede de la Dirección Antidrogas, ubicada en San Isidro.

Luego disparó, según versiones de la policía, contra una pared para después herir en el hombro izquierdo al agente Oria. Finalmente Torres murió de un balazo disparado en la cabeza en un aparente acto de suicidio. Sin embargo, el IML ha cuestionado los hechos. Luis Bromley Guerra señaló que la bala ingresó por la parte trasera de la cabeza (región occipital) y salió por el lado frontal izquierdo, una acción poco probable, pues el extranjero tenía las manos engrilletadas.

EL DATO
Defensoría interviene
La doctora Imelda Tumialán, jefa del Programa de Protección de los Derechos en Dependencias Policiales, dijo que en los próximos días su despacho hará una visita a la sede de la Dirección Antidrogas para indagar sobre lo que realmente pasó con el 'burrier' mexicano.