Injusticia deportiva

Por Pedro Ortiz Bisso

Solo cuando se enteró de que acababa de ser sancionado con la pérdida de dos puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura --es decir, el último viernes--, Sport Boys canceló una deuda de ocho mil dólares que había contraído en el 2006 con su entrenador de ese entonces. Que un club de la tradición y arraigo del cuadro chalaco no pueda asumir un monto de ese tamaño, explica qué tan honda es la crisis que soporta la mayoría de instituciones futbolísticas del país.

Sin embargo, no es ese el motivo principal de esta columna, sino la lentitud del órgano jurisdiccional --en este caso la Cámara de Resolución y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol-- para emitir una sanción. Cierto es que el fallo se conoció en setiembre del año pasado y Boys se negó a responder los sucesivos requerimientos que se le hicieron, pero no hay razón para que asuntos tan importantes demoren tanto. La justicia deja de serlo cuando tarda porque genera dudas y pierde credibilidad.

Existen dos casos emblemáticos que pese al tiempo transcurrido continúan sin ser resueltos: la supuesta juerga de los seleccionados tras el partido por las eliminatorias ante Brasil y la contratación presuntamente irregular del mediocampista colombiano Johnnier Montaño por el club Alianza Lima.

El partido con el once de Kaká se jugó a finales de noviembre del año pasado y las primeras denuncias se conocieron pocos días después. Cuatro jugadores fueron suspendidos a la espera de que la Comisión de Justicia de la FPF dilucidara su responsabilidad. Sin embargo, siendo los comisionados distinguidos abogados que conocen al dedillo lo desesperante que resulta litigar en las cortes del país, sorprende que sean tan poco expeditivos ahora que les toca estar del otro lado del tribunal. Tanta demora disfrazada de formalismos absurdos, inexplicables, genera suspicacias y marchita la esperanza de que el fallo pudiera tener una función profiláctica, en la medida de que sirva de precedente para aquellos futbolistas que son afectos a despreciar la disciplina y le devuelva al acto de vestir la camiseta nacional el valor que se merece.

El Caso Montaño va por el mismo camino. No es interés de esta columna calificar si al colombiano le corresponde la razón, pero el ambiente se enturbia innecesariamente con el andar atortugado de los encargados de determinar si el mediocampista debe ser autorizado a volver a saltar a un campo de juego o requiere una sanción.

Nuestro fútbol no solo tiene clubes informales y dirigentes de opereta. Sus estamentos tampoco funcionan. Y así, con Burga o sin él, no hay presente, ni futuro, que lo sostenga.