¿Quién responde por los daños de la violencia radical?

El Perú debe estar alerta para rechazar la protesta desbocada y violentista de algunos grupos radicales que convocan paros y aprovechan cualquier oportunidad para encender la pradera, sin importarles las consecuencias.

¿Y quién responderá ahora por los cuatro muertos, las decenas de heridos, entre policías y manifestantes, así como por los millones de dólares en pérdidas, a lo que habría que agregar los gravísimos daños al turismo y a la imagen internacional del Perú?

Hay lugar para el debate y la reflexión sobre el origen y la protesta, sobre todo en un país cuya economía crece a un ritmo histórico del 8% o 9% anual, pero donde aún queda mucho por hacer para acelerar y profundizar la redistribución y la inclusión social. Eso es lo hay que seguir exigiendo al Gobierno, mediante los canales apropiados y oportunos de representación y diálogo político y dentro de la mecánica del sistema democrático.

Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días es preocupante, pues parece ir más allá y responder a una consigna política claramente desestabilizadora, caótica y destructiva, detrás de la cual estarían dirigencias comunistas y hasta senderistas, sin descartar la injerencia externa.

Así, los dirigentes agrarios que convocaron al paro dicen ahora no entender cómo esta convocatoria pudo escapárseles de las manos y devenir en rudos y violentos bloqueos de carreteras, donde se apedreaba ómnibus y locales de propiedad estatal y privada. Sin embargo, deben asumir con hombría la responsabilidad que les corresponde por estos excesos y por su falta de previsión.

El caso del Cusco es igualmente absurdo e injustificable. Nadie entiende cómo un proyecto de ley para inversiones en las cercanías de lugares arqueológicos, que se convirtió en opcional para las regiones, pudo causar una reacción tan desproporcionada y violentista.

No solo se paralizó la región y se pretendió tomar carreteras y aeropuertos, sino que se bloqueó total y sin ninguna contemplación la actividad turística, a sabiendas de que es el motor económico de la región. Es prematuro aún dar cifras definitivas sobre las pérdidas de hoy, pero llena de pavor pensar en las miles de cancelaciones de paquetes turísticos para los próximos meses y en las repercusiones directas de ello en la industria hotelera, artesanal y de transporte de la región.

¿Y entonces por qué luchamos tanto los peruanos para incluir a Machu Picchu entre las maravillas del nuevo mundo? Pues porque lo consideramos nuestro y motivo de orgullo de la peruanidad, y no solo del Cusco, que no se lo puede apropiar a partir del humor o los raptos chauvinistas de sus dirigentes politizados, ideologizados y sin visión de país ni convicción democrática.

Claro que recusamos los excesos en que pudo haber incurrido la Policía Nacional, que deben ser investigados y sancionados. Pero también hay policías heridos por la turbamulta ciega y sorda, así como inocentes ciudadanos que pagan al final los platos rotos. En este contexto, es atendible y necesaria la presencia ante el Congreso del ministro del Interior, Luis Alva Castro, para responder por todo ello, pero eso no puede convertirse en un circo político y menos en una maniobra humalista para debilitar al Gobierno con el fantasma facilista de la censura.

En cualquier caso, si algo hay que criticar duramente al Gobierno y al sector Interior es su incapacidad para detectar y prevenir estos brotes de violencia y radicalismo. Ello es responsabilidad principal de los servicios de Inteligencia que no están funcionado bien en el acopio, el análisis y la dirección de la información relevante sobre la presencia de cúpulas desestabilizadoras que hay que denunciar y derrotar con las armas de la democracia.

No podemos echar por la borda todo lo ganado, y la posibilidad de acceder al desarrollo equitativo, por culpa de unos cuantos desequilibrados a los que hay que desenmascarar y castigar severamente. Los peruanos, todos, hemos luchado hasta el sacrificio por la restauración democrática, y lo peor que pueden hacer nuestros gobernantes es dar la apariencia de que el Estado de derecho es débil, en contraposición a las autocracias que pisotean la libertad y los derechos humanos.