¿Solo nombres o alternativas reales?

Por Fernando Henrique Cardoso. Ex presidente de Brasil

La discusión electoral, habitualmente, pone la carreta delante de los bueyes. Casi tres años antes de las elecciones para presidente y a nueve meses de distancia de las municipales, los medios en general reducen la política a la discusión sobre el nombre de los candidatos. Cualquier comentario que permita inferir apoyo a alguien que aún no sea candidato se transforma después en "adhesión", incluso si el entrevistado ni remotamente estuviera pensando que las uvas están maduras.

Lo que preocupa es la falta de densidad en el seudodebate político. En él, casi siempre se olvida que cuando se inicien las elecciones para presidente estará en juego la posibilidad de un mejor camino para Brasil.

Desde el frenesí del 2002, cuando las mentes más afligidas imaginaron que la victoria del Partido de los Trabajadores significaría una ruptura, el comportamiento del gobierno de Lula, respetuoso de las reglas del juego capitalista y de la democracia, habría puesto el punto final en el debate sobre el rumbo de Brasil. De ahora en adelante, "nada que temer". Los conservadores, beneficiarios de la situación económica, aunque podrían desconfiar de algo, prefieren callar sobre los cambios de rumbo. La izquierda, o el nombre que se quiera dar a quien piensa que es posible darle otro curso a las cosas, quizá discrepe, pero está temerosa de que "malo con Lula, peor sin él".

Si así fuera, las elecciones se resumirían en una competencia entre nombres, simpatías, arrogancias, intereses regionales y locales, capacidad de maniobrar políticamente, efectividad de gestión, etcétera. Ahora bien, todos esos elementos son componentes innegables del juego político. ¿Pero cuál juego si no se cuestiona el rumbo de las cosas ni se formulan alternativas claras y viables a lo que ya existe?

Ese es el punto central hacia el que deberían estar dirigidas las cabezas políticas y los partidos. ¿Será que el país viene fortaleciendo su democracia y sus instituciones? ¿Se están aplicando correctamente las reglas del mercado? ¿La inclusión social y la igualdad de oportunidades están garantizadas por las políticas puestas en marcha? ¿Avanza el control del Estado por la sociedad? ¿Hay señales de vitalidad en la organización autónoma de las fuerzas sociales para que estas puedan contrapesar, a nombre del interés público, los intereses privatistas o estatizantes? Francamente no lo creo. Y como no lo creo, considero que mi partido, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), antes que preocuparse por el quién, debe preocuparse por el para qué.

Es necesario, por lo tanto, politizar el debate. Empezando por cuestionar el rumbo por el que lleva al país el gobierno del Partido de los Trabajadores y sus aliados clientelistas.

Tómese, por ejemplo, la forma de relación entre economía y Estado. Cualquier persona mínimamente informada sobre historia sabe que el Estado siempre desempeñó un papel importante en la consolidación del capitalismo. La cuestión es qué papel y cuáles son las consecuencias políticas correspondientes. En el siglo XVIII, pero también a finales del XIX, con el llamado 'modelo prusiano' de capitalismo para reconstruir la economía alemana, el Estado no solo interfirió abiertamente en la regulación económica, sino también desempeñó un papel importante como inversionista. Lo mismo se repitió recientemente en Corea, por ejemplo. Hoy en día, China muestra un fulgurante capitalismo de Estado, aliado con condiciones al capitalismo de las multinacionales. Esa fusión entre poder y mercado abrigó formas autoritarias, cuando no dictatoriales, del poder.

Ese tipo de alianza también tuvo vigencia en algunos momentos de nuestra historia. Ahí están algunas partes del período varguista, para servir de ejemplo; y durante el gobierno de Geisel, el régimen militar se volvió francamente 'desarrollista-autoritario'. Algunos sectores de la derecha militar siempre fueron 'desarrollistas', inspirados en la visión de 'Brasil como potencia', y ciertos sectores de la izquierda, aunque no militaristas, también fueron (¿o son?) autoritario-desarrollistas. El ansia comprensible de superar el atraso y la pobreza acabó por justificar esa postura o, mejor dicho, por servirle de pretexto. De forma flexible, algo semejante se puede detectar en el gobierno actual cuando busca, por ejemplo, fortalecer la formación de duopolios en el sistema petroquímico, o reducir el número de competidores en el área de las telecomunicaciones, al mismo tiempo que debilita la acción de las agencias regulatorias.

El viejo modelo monopolista de estado resurge de las cenizas en los corazones de la vieja derecha y de la "nueva" izquierda estatizante. No hay nada de negativo en la existencia de empresas públicas. Petrobras es un buen ejemplo, e incluso el Banco de Brasil. Pero estas funcionan adecuadamente cuando están sometidas a alguna competencia y cuando las fuerzas políticas, el gobierno y sus aliados dan vigencia a la idea republicana de separación entre Estado y gobierno. Cuando a las presiones político-clientelistas se suma la ganancia de poder de un partido, como el de los Trabajadores, que controla los fondos de pensión de las empresas públicas, y cuando esos mismos fondos se alían a las empresas o agencias del estado para promover la reducción de la competencia entre empresas privadas, las distorsiones se vuelven preocupantes.

Esta amalgama espuria entre intereses privados, intereses partidarios e intereses corporativos puede dar sustento a formas arbitrarias de ejercicio del poder. Peor aún, tiene el hechizo de sensibilizar ideológicamente tanto a la izquierda, que la ve erróneamente como una limitación del capitalismo, como a los sectores autoritarios de derecha, que justifican todo a nombre de la ideología de Brasil-potencia.

Sucede que todo modelo que tiende al monopolio y a la concentración del poder es también concentrador de rentas y reductor de oportunidades. Por no hablar de las consecuencias políticas negativas para la alternancia del poder, que pueden resultar de la utilización electoral (contaminada de corrupción), de los recursos generados por las super organizaciones empresariales, regadas con dineros públicos y aliadas con el gobierno. Incluso porque ese es el objetivo: el mantenimiento en el poder del mismo grupo para expandir aun más esa exótica alianza entre el gran capital público y privado con los fondos estatales de pensión y con el sindicalismo dócil a los gobiernos.