Así como recusamos frontalmente el nefasto y mal entendido espíritu de cuerpo que a veces ocupa los escaños del Congreso para arropar con el manto de impunidad a sus miembros, tenemos que reconocer cuando empiezan a darse cambios de actitud en la lucha contra el otoronguismo y la impunidad.
Lo último en todo esto ha sido la luz verde de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la denuncia contra el congresista fujimorista Ricardo Pando, por el presunto delito de falsedad genérica, al haber contratado a una empleada fantasma en el Congreso. Salvo dos excepciones, que se prestan a la suspicacia y la crítica como las de las de Martha Moyano (colega de Pando en la bancada fujimorista) y Karina Beteta de UPP, puede decirse que en general el voto mayoritario fue conforme a derecho, para abrir las puertas al desafuero y al procesamiento en sede judicial.
Como puede verse, aunque aún hay personajes que se rehúsan a entender que los parlamentarios no son una casta aparte, y que la inmunidad no es sinónimo de impunidad, es evidente que la ola reivindicadora del Congreso parece avanzar.
El caso de Tula Benites es emblemático, pues ha sido muy ardua la lucha de la prensa independiente para derribar el blindaje que, erróneamente, le prestaba un grupo de sus colegas apristas.
Lo mismo puede decirse en el caso de otro parlamentario oficialista, Elías Rodríguez Zavaleta, acusado de mantener vínculos con la familia Sánchez Paredes, investigada por presunto lavado de dinero del narcotráfico, delito que es arduamente combatido por el Gobierno.
Por ética y por coherencia, luego de que el presidente Alan García se negara a exculpar al congresista a priori, la bancada aprista lo ha suspendido en sus derechos y le ha abierto un proceso disciplinario. Por vía paralela, la Comisión de Ética ha intervenido y se espera que el caso se deslinde hasta confirmar o descartar el desafuero parlamentario, sobre todo tratándose de un delito tan grave como el narcotráfico que pretende infestar la vida política del país.
El Congreso no puede dar marcha atrás en este feliz esfuerzo de saneamiento ético y lucha a muerte contra el otoronguismo. En todo caso, mientras se ejecuta y se revisa los procedimientos para erradicar esta lacra, en que los pares se protegen entre sí, hay iniciativas atendibles para facilitar esta lucha.
Por ejemplo, el ex presidente del Legislativo Henry Pease ha declarado que la vacancia por estar envuelto en un escándalo debe ser casi automática, lo que implica sacar del Congreso la decisión del desafuero, para trasladarla posiblemente a manos del Jurado Nacional de Elecciones.