Es un escándalo que apenas el 10% del transporte escolar de Lima sea formal. El resto, más de seis mil unidades aproximadamente, brindan este servicio en temerarias condiciones pues son piratas, es decir, no están registradas en la Municipalidad de Lima como lo exige la ley.
Los más perjudicados son los escolares que, a pocos días del inicio de clases, corren el riesgo de viajar en vehículos inseguros, sin las herramientas necesarias para afrontar una avería o accidentes, y con choferes cuya idoneidad y profesionalismo están en duda.
En el caso del transporte escolar es criticable que recién en vísperas del inicio del año lectivo, la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima haga públicos estos problemas.
La policía de tránsito va a tener que incrementar sus tareas para detectar a las unidades piratas y sancionarlas, pero los colegios deben colaborar también para denunciar a los infractores. Como hacen algunos planteles particulares, deben exigir a los choferes de esos vehículos la acreditación necesaria para recoger y movilizar a los escolares.