El arresto ciudadano exige supervisión para que funcione

En principio, el proyecto de ley del arresto ciudadano aprobado recientemente por el Consejo de Ministros es una buena noticia. Y es que busca involucrar a la población directamente en la lucha contra la delincuencia común, en momentos en que la seguridad está en la cima de sus problemas y cuando el desempeño de las fuerzas policiales es aún insuficiente por diversos motivos.

Sin embargo, es obvio que el éxito de esta medida --que aún debe ser aprobada por el Congreso-- dependerá de la supervisión y orientación que la policía, las municipalidades y los ministerios del Interior y de Justicia desarrollen y brinden a la sociedad en su conjunto.

Si bien el arresto ciudadano señala que cualquier persona puede detener a otra si la sorprende en flagrante delito, debe evitarse que se incurra en abusos, delitos o maltratos de algún tipo, en perjuicio del detenido y antes de que este llegue a la comisaría más cercana.

¿Podrá evitarse con esta medida excesos como los cruentos casos de linchamientos, juicios populares y otras formas de violencia que ciertas comunidades han aplicado en el país para tomar la justicia por su propia mano, ante la ausencia de autoridad? Esperemos que sí.

Recordemos que una legislación similar existe en otros países, pero solo para casos excepcionales y cuidando que no afecte otros ámbitos establecidos por el ordenamiento constitucional.

Es necesario que el debate congresal tome en consideración todos estos aspectos, para que la medida del arresto ciudadano sea primero una experiencia piloto. Ello, de modo que se pueda supervisar y modular si cumple o no con los objetivos de comprometer y dar a los ciudadanos la posibilidad de participar efectivamente , y sin excesos, en la seguridad, como espera el Gobierno.