Es anticonstitucional dar facultad a civiles para arrestar a delincuentes

Por Luis Silva Nole

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce los principales derechos de las personas. El inciso 24, literal f, referido a la libertad y a la seguridad personales, señala con suma claridad lo siguiente: "Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito".

En esa sección de nuestra Constitución se basan algunos constitucionalistas para oponerse al proyecto de ley del arresto ciudadano, que el Ejecutivo envió al Congreso el pasado 28 de febrero. Tal como señaló la semana pasada la ministra de Justicia, Rosario Fernández, lo que busca el proyecto es legitimar a cualquier ciudadano para que pueda detener a otro si lo encuentra en flagrante delito --en el momento de la comisión del ilícito-- e inmediatamente después ponerlo a disposición de la Policía Nacional.

Fernández explicó que lo que busca el Ejecutivo es adelantar la vigencia del artículo 260 del nuevo Código Procesal Penal, que reconoce esa posibilidad y que ya está en vigencia en los distritos judiciales de Huaura y La Libertad y que recién se aplicará en el 2010 en Lima.

"Esta norma busca legitimar al ciudadano para que pueda ayudar a mantener la tranquilidad pública. No se trata de sustituir la labor de la Policía Nacional. El Estado no está dejando de lado su responsabilidad en controlar el orden público", aclaró la ministra Fernández.

PUERTA ABIERTA A ABUSOS
Sin embargo, para el constitu-cionalista Raúl Ferrero Costa, el denominado arresto ciudadano vulnera la Constitución, por la sencilla razón de que en ella se deja bien claro que solo la policía puede detener a un individuo, ya sea por mandato judicial o si la persona es encontrada en flagrante delito.

"La Constitución no menciona que otro ciudadano puede detener a otro. Además, si eso ocurriese en una realidad como la nuestra, se prestaría a abusos", indica.

Ferrero considera, además, que el nuevo Código Procesal Penal, de donde nace la norma en cuestión, debe ser modificado porque tiene un artículo --el 260-- que es anticonstitucional.

Por su parte, el constitucio-nalista Enrique Bernales subraya que la custodia y protección que necesitan los ciudadanos son obligaciones del Estado y de la policía. "Cuestiono que se quiera hacer de cada ciudadano un policía. Es más, siempre es un riesgo que un ciudadano detenga a un delincuente, porque este hasta puede estar armado", sostiene Bernales, quien recomienda prudencia y una mejor evaluación de esta posibilidad.

Su colega Jorge Avendaño es más enfático: "Para que un ciudadano pueda detener a otro, se tendría primero que cambiar la Constitución". El abogado resaltó que, según lo dispuesto por la Carta Magna en el ámbito de la libertad personal, solo la policía puede detener, que para este contexto es lo mismo que arrestar, a una persona con las condiciones también expresadas en la ley de leyes.

"Además, hablar de flagrancia es muy ambiguo si se trata de arresto ciudadano, porque yo puedo ver, por ejemplo, salir a un individuo de la casa de un vecino y no sé si se trata de un amigo suyo o de un ladrón", añade Avendaño.

La polémica crece en torno al arresto ciudadano. La ministra confía en que la norma estará vigente desde el 1 de abril, pero hasta ayer el proyecto aún no había pasado a comisión alguna del Congreso.

Alcaldes están a favor de proyecto
La mayoría de alcaldes de Lima se muestra de acuerdo con la aplicación del arresto ciudadano, que --según ellos-- contribuirá a la seguridad ciudadana. Incluso el alcalde provincial, Luis Castañeda Lossio, señaló en días pasados a la prensa que "esta ley va a facilitar la contribución de la población con la seguridad ciudadana". El burgomaestre capitalino subrayó que esa facultad debe ser extensiva a los serenos. Respecto de este último punto, Antonio Meier, alcalde de San Isidro, tiene la misma opinión.

Por su parte, el alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, manifestó que la norma no debe ser entendida como un enfrentamiento ciudadano, mientras que su colega de Pueblo Libre, Rafael Santos, felicitó la iniciativa "por ser una norma clara que permite combatir a la delincuencia, porque necesitamos ser actores en la prevención del delito y porque no todo se puede dejar en manos de la policía".