LA PAZ [El Comercio/Agencias]. El Gobierno de Bolivia reiteró ayer su llamamiento a la oposición al diálogo y ofreció efectuar las "correcciones necesarias" en el proyecto de Constitución que impulsa el oficialismo y que rechazan de plano las autoridades de seis de los nueve departamentos del país altiplánico.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, reiteró la invitación a la oposición a negociar para hacer posible "conjuntar el texto constitucional, corregido en sus contradicciones, si es que las tiene, con un estatuto autonómico modificado en sus exageraciones".
García Linera agregó que "si hay voluntad para avanzar en ello (el diálogo), yo creo que en los siguientes días podríamos crear un escenario de acercamiento".
El proyecto de Constitución con el que el gobierno de Evo Morales busca "refundar" el país es rechazado por la oposición, que, por su parte, impulsa en varias regiones del país procesos autonómicos, los cuales han sido declarados "ilegales" por el Ejecutivo.
Santa Cruz confirmó para el próximo 4 de mayo la convocatoria a un referéndum para aprobar su estatuto de autonomía, una consulta que también celebrarán en junio las regiones de Beni y Pando, mientras que Tarija aún no ha establecido fecha.
Según el vicepresidente, el "único referéndum legal que tiene el país es el convocado por el Congreso", en referencia al requisito que el Gobierno considera imprescindible para llevar a cabo este tipo de consultas y que solo cumplen los dos aprobados por el oficialismo para ratificar su proyecto constitucional, los cuales también tienen como fecha el 4 de mayo.
MÁS PROTESTAS
Mientras García Linera instaba al diálogo, el Gobierno congeló las cuentas bancarias de Chuquisaca tras la elección ilegal --que se realizó el jueves en la ciudad de Sucre-- de Sabina Cuéllar como prefecta interina en un cabildo popular.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales, dijo que la prefectura de Chuquisaca no podrá utilizar unos 1.000 millones de bolivianos (120 millones de dólares) mientras no elija a otro prefecto en las urnas el 29 de junio.
El Estado solo reconoce a Ariel Iriarte, designado por el Gobierno, como prefecto interino, y es él quien está habilitado para el uso del dinero asignado a los proyectos en fase de ejecución y a otros ya programados para el departamento.
El Comité Interinstitucional de Chuquisaca, tenaz opositor al gobierno de Evo Morales, designó el jueves a Cuéllar como prefecta y a Juan Luis Gantier como secretario general del departamento a través de un cabildo popular.
El Gobierno también decidió que el 29 de junio haya elecciones para elegir al nuevo prefecto de Chuquisaca, pero las organizaciones opositoras a Morales afirmaron que antes se debe realizar el referéndum de autonomía departamental el 27 de abril.
Sucre fue en noviembre del año pasado epicentro de protestas ciudadanas que provocaron tres muertos por la decisión del MAS, partido del presidente Morales, de aprobar la nueva Constitución.
SEPA MÁS
4Miles de trabajadores realizaron en La Paz una marcha en protesta por la escasez de alimentos y por el aumento de la inflación, que hasta febrero alcanzó 3,74%, casi la mitad de lo pronosticado para el 2008.
4Ariel Iriarte asumió temporalmente la prefectura de Chuquisaca a fines de diciembre del 2007 luego de que un mes antes violentos choques entre estudiantes y policías obligaran al prefecto oficialista, David Sánchez, a huir de Sucre rumbo a Perú, donde tramita refugio político.
4Sabina Cuéllar dijo que el Gobierno debe respetar la decisión del cabildo de Sucre y no perjudicar su trabajo.