El 19 de febrero, un estadounidense y cuatro peruanos fueron detenidos y acusados de haber intentado estafar a alcaldes y entidades con el cuento de la ayuda internacional
Por Alberto Villar Campos
La sofocante tarde del 19 de febrero, varios agentes del equipo 10 de la División de Estafas de la Dirincri se dirigieron al hotel Marriott, en Miraflores. Tenían planeado capturar a Aril Louaine Banks, un estadounidense de 59 años y casi dos metros de estatura que se hospedaba allí desde fines de enero y a quien habían denunciado una semana antes por, presuntamente, liderar una banda de estafadores. Cuando llegaron, él estaba en compañía de su traductora y una persona más, no implicada en el caso. A través de la joven intérprete, los oficiales le explicaron a Banks por qué era necesario que los acompañara. Antes de partir, le pidieron revisar su habitación.
Cuando se disponían a subir a sus autos, los investigadores vieron a un hombre en actitud sospechosa parado muy cerca de la puerta principal del hotel. Era Julio Amado Hernández Velita, a quien Banks conocía desde hacía algunas semanas, según reconoció. Los oficiales, entonces, le pidieron a él que también los siguiera. Hernández no supo cómo negarse.
El segundo y último punto al que se dirigieron fue un edificio en San Isidro. Adelfio Vicente Ávalos Ágreda y Macher Adanio Moreno Modesto, supuestos cómplices Banks, recibieron a los agentes, quienes procedieron a revisar el lugar.
PRIMERA DENUNCIA
Entre decenas de billetes falsos, se halló documentación diversa que se recogió cuidadosamente. Eran los papeles de los que tanto les habían hablado.
El responsable de la denuncia policial fue Édgar Samuel Pacco Mallco, alcalde de La Merced de Patán, en Apurímac. Pacco manifestó que el pasado 8 de febrero, mientras él y otros alcaldes presenciaban una audiencia en una sala del Congreso de la República, Ávalos pidió la palabra y les hizo saber de un importante programa de donaciones para proyectos en zonas pobres del país. La institución responsable de la ayuda --aseguró Ávalos-- era la estadounidense Grandway International Resources Foundation INC., creada y presidida por Banks --según su propia manifestación-- desde 1996.
En su acusación, el alcalde de La Merced detalló que Ávalos dijo ser representante de esa entidad y que, incluso, mostró con orgullo una carta enviada al presidente Alan García, cuya falsedad habría de probarse días más tarde. La policía hallaría una copia de ese documento en la habitación 908 donde se hospedaba Banks.
Tras aquel encuentro en la sede del Legislativo --refiere la investigación policial--, algunos alcaldes --incluido Pacco-- y Ávalos acudieron al Marriott para entrevistarse con el estadounidense. El comandante PNP Segundo Guevara, responsable de la captura, explicó que, luego de ofrecerles donaciones que en muchos casos superaban los cientos de millones de dólares --la investigación determinó que estos aseguraron que la fundación contaba con diez mil millones de dólares en fondos--, la presunta banda solicitó que aquellos organismos cuyos proyectos fueran aprobados tendrían que aportar una suma adicional para cubrir gastos del trabajo de Banks.
TESTIMONIO DE PARTE
Tras enterarse de la captura de Banks y sus presuntos secuaces por las noticias, José Enrique Palomino García, presidente de la ONG Asociación Desarrollo Sostenido Perú (Adesperú), denunció ante la Dirincri a Ávalos por los motivos anteriormente expuestos. Una carta de Tranintec S.A., con fecha 24 de setiembre del 2007 y a la que este Diario tuvo acceso, fue entregada a la institución por él como prueba de ello.
El documento, firmado por Ávalos, señalaba que el proyecto de irrigación agroindustrial presentado por Palomino --cuya ejecución costaría US$280 millones-- había sido aprobado por la fundación de Banks. Además, y calificándolo como un "gesto de buena voluntad" (sic) --y no como un aporte por el trabajo del norteamericano--, la carta solicitaba la asistencia de Adesperú en los "pasajes, estadía y otros, haciendo mérito y así participar en primer orden para la ejecución en parte de los proyectos que se ejecutarán en nuestro país" (sic). El monto requerido para ello era de US$10 mil.
Pese a que nunca entregó dicha suma, Palomino sí dio a Ávalos algunos cientos de dólares. "Era un majadero (Ávalos) --dice--. Creía tener mucho poder en las manos. A veces me amenazaba con quitarnos el financiamiento si no le entregábamos dinero, y otros días me rogaba por él".
Respecto del dinero que entregó, Palomino dice que lo hizo porque no tenía nada que perder. "Se trataba de millones para el proyecto. Debía intentarlo de todas formas". Ahora, mientras piensa en lo que pudo haber ocurrido si llegaba a hacerlo, un rayo de insustituible tranquilidad lo invade.
LIBERTAD RESTRINGIDA
Banks, hombre de voz ronca y pausada, contesta el teléfono desde el hotel donde fue capturado el martes 19 y, respetuosamente, pide que sea su abogado quien opine sobre el caso que lo mantendrá en el país por quién sabe cuánto tiempo más.
Un día después de su detención --informa, entonces, su representante legal Roque Corbetto--, el Juzgado Penal de Turno 36 ordenó la libertad bajo comparecencia de los cuatro presuntos implicados en el delito de estafa en grado de tentativa. "Él fue siempre claro al recalcar que cuando realiza este tipo de operaciones, solicita, a título personal y por su trabajo, ciertos aportes económicos", añade. Su afirmación, empero, contradice lo descrito en el documento que Ávalos entregó a Palomino. Un monto entre los 10 y 30 mil dólares fue, según Pacco, lo que a él se le pidió por los proyectos que iba a financiar Grandway International Resources Foundation INC.
Corbetto afirma, además, que, pese a que la investigación policial indicó lo contrario, dicha fundación sí existe. Sin embargo, Banks no pudo probarlo al momento de su detención y, por ende, deberá esperar el juicio que se le abrirá en los próximos días.
Asimismo, y aunque el estadounidense aseguró no haber recibido un centavo producto de las solicitudes hechas en su nombre por Ávila y Hernández (este último tiene requisitorias por corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y estafa con fecha del 2007), el comandante Guevara insiste en dudar de su manifestación. "¿Por qué tenía esa carta falsa en su poder?", se pregunta el oficial. Corbetto responde: "Se había enterado de que Ávalos la usaba y la guardaba como prueba para el futuro".
Las opiniones respecto del tema son ahora encontradas, pero lo cierto es que, de acuerdo con la justicia peruana, una estafa en grado de tentativa se sanciona con no menos de uno ni más de seis años de prisión. ¿Podrá probar Banks que no tuvo nada que ver con ello, aun cuando su firma aparece en los documentos que hoy tiene el Poder Judicial? ¿Fue una víctima o el líder de una millonaria fundación fantasma?