La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acordó ayer acumular las dos denuncias que pesan sobre la parlamentaria humalista Yaneth Cajahuanca, ambas por la supuesta contratación irregular de tres personas en su despacho.
Se trata de las denuncias constitucionales 74 y 86. En la primera se la acusa de estafa y falsedad genérica por haber incluido entre su personal a Juan Carlos Ordóñez y a su pareja sentimental William Pérez Meléndez.
Ordóñez fue contratado como auxiliar técnico, pero en realidad trabajaba en un negocio de venta de gas y en una tienda de abarrotes de la legisladora. Según la declaración de un testigo, "Ordóñez ni siquiera recogió su fotocheck ni firmó sus boletas de remuneraciones". De acuerdo a la versión de Cajahuanca, Ordóñez "hacía encuestas en la zona altoandina para un proyecto de titulación".
En esta misma denuncia también se la acusa de haber contratado a su conviviente William Pérez, reveló el diario "Expreso". En la acusación se incluyó como prueba una copia del certificado correspondiente al movimiento migratorio de dicho trabajador, en el que se establece que viajó con la parlamentaria a Chile en octubre del 2006.
"Es totalmente falso; él tiene los certificados de dónde vive. Él tiene su vida privada totalmente independiente de la mía", respondió entonces Cajahuanca en su defensa. "Yo mando la nominación, pero el Congreso se encarga de contratarlo", se exculpó la representante humalista.
La segunda denuncia se refiere a la contratación de Aurora Bolaños. Según los denunciantes, esta tendría un contrato de dedicación exclusiva al despacho de la congresista en Huánuco. Sin embargo, paralelamente ella trabajaba para una empresa de la madre de Cajahuanca. La parlamentaria adujo que el contrato de Bolaños es por servicios no personales.
SEPA MÁS
Ministro se salva
La subcomisión desestimó una denuncia de la Municipalidad de Santa Anita contra el ministro de Economía, Luis Carranza, por presunto abuso de autoridad.
Fiscal de cal y de arena
También rechazó una denuncia de la ciudadana Betty Mendoza contra el fiscal supremo José Peláez Bardales por supuesta violación al debido proceso. Pero en otro caso sí sigue vigente la denuncia por haber retardado el pronunciamiento de una acusación.