ISLAMABAD [El Comercio/ Agencias]. La ciudad pakistaní de Lahore, al este del país, volvió a sufrir ayer la violencia terrorista con dos ataques suicidas que acabaron con la vida de al menos 26 personas y causaron heridas a más de un centenar. Hace una semana, un atentado contra una escuela naval dejó cinco muertos.
Dos camiones-bomba explotaron casi simultáneamente en dos barrios de Lahore. El primero de los ataques se dirigió contra la oficina de la Agencia Federal de Investigación (FIA), que se encarga principalmente de la inmigración, aunque el edificio también alberga a una unidad de lucha antiterrorista, probable objetivo del ataque, según fuentes policiales.
El camión estaba cargado con 50 kilos de explosivos y la detonación mató a 22 personas, entre ellas 12 empleados de la FIA. El edificio, de ocho plantas, se derrumbó parcialmente.
La segunda explosión, causada también por un kamikaze al mando de un camión, destruyó una agencia de publicidad de un lujoso barrio de la ciudad, a varios kilómetros de distancia del lugar del primer atentado. Cuatro personas, entre ellas dos niños, perecieron. Por el momento, se desconocen los motivos del ataque a esta agencia, aunque cerca del lugar se encuentra la sede del partido de Benazir Bhutto, ex primera ministra y líder de la oposición asesinada el pasado 27 de diciembre.
Lahore, una ciudad habitualmente tranquila y considerada la capital cultural del país, se está viendo últimamente azotada por la violencia terrorista. Desde comienzos del 2007, la racha de atentados que sacude Pakistán ha acabado con la vida de 1.065 personas, la mayoría civiles.
Casi todos los atentados siguen un mismo modus operandi (un suicida estrella un vehículo cargado de explosivos contra un objetivo). La policía acusa a los islamistas próximos a Al Qaeda de ser los autores de los mismos.
SESIÓN PARLAMENTARIA
Por otro lado, el presidente Pervez Musharraf convocó para el 17 de marzo a la Asamblea Nacional, reunión que será la primera sesión del nuevo Parlamento, surgido de las elecciones legislativas ganadas el mes pasado por la oposición. "La nueva asamblea deberá tomar una decisión respecto al futuro de Musharraf, que fue elegido de manera anticonstitucional", expresó Ahsan Iqbal, portavoz del movimiento del ex primer ministro Nawaz Sharif, uno de los principales opositores.
Los vencedores de las elecciones legislativas del 18 de febrero, que firmaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición, también se pusieron de acuerdo para que los jueces destituidos por el presidente Musharraf recuperasen sus cargos.
El jefe del Estado declaró el estado de excepción el 3 de noviembre del 2007 y un día después destituyó a más de 60 magistrados, entre ellos la mayoría de los jueces de la Corte Suprema. Si recuperasen sus puestos, estos jueces se podrían pronunciar sobre la legalidad de la reciente reelección de Musharraf.