Por Fernando Vivas. Periodista
Dios me libre de practicar la cacería de brujas (aunque me gustaría atrapar a una sola, Laura Bozzo. Pero no, ella ya cayó por el peso de la ley y probablemente vuelva a caer).
No quisiera incurrir en la persecución, descalificación o discriminación de alguien que no me haya hecho nada, solo por la mala onda que me inspire su ideología. Y esta preocupación por no meter la pata al juzgar al otro, que anida en el fuero interno de cada cual, está encarnada en el Estado que no procesa a nadie por sus ideas, cualesquiera que sean.
Sin embargo, en estos días se habla de brujas y persecuciones a raíz de las investigaciones sobre las casas del ALBA, de la campaña del Gobierno Colombiano contra las FARC, del informe congresal que acusa a Álex Kouri y hasta la Bozzo se grita víctima de caza indebida.
¿Es que estamos pasando del abuso de la ideología como pretexto para persecuciones injustas a su abuso como coartada para evitar persecuciones de ley? Sí, y desde hace tiempo. Y como una tendencia alimenta a la otra, como la caza por ojeriza ideológica provoca la fuga por la tangente del vivazo que alega 'me persiguen porque soy antisistema', lo sano es bregar por despolitizar y desideologizar el combate a toda falta o delito.
El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo de contención pura, por ejemplo, para que la campaña contra las casas del ALBA quede en el estricto lindero de la afirmación de la soberanía ante la injerencia de un gobierno extranjero en política interna, cualquiera que sea el país de donde venga. Todo funcionario debiera subrayar esto y no, como el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, utilizar el término 'contrabando ideológico'. Así aviva la respuesta ideológica y mistificadora de quienes se pide que declaren sus reales intenciones. Y da pie a un defensor del ALBA como Ollanta Humala para que hable de 'macartismo', cerrando el paso a razonables preguntas que le podemos hacer, en atención a la ley de partidos, sobre las finanzas del suyo. Ahora bien, él ha hecho una observación razonable al señalar que el Congreso no es el mejor lugar para investigar estos temas.
Respecto del terrorismo hay que ser menos ideológicos si cabe: se procesa el atentado criminal, el secuestro, la extorsión y también la instigación y hasta la apología específica de todo esto y de quienes lo cometan, según alcance de nuestra legislación penal (Art. 316 del Código Penal, modificado por DL 882) que nos vendría bien seguir debatiendo. Pero no se penalizan las ideas por más radicales que suenen. Y si es ese el caso de algunos de los asistentes al evento bolivariano de Quito, detenidos en Tumbes, pues tendrán que soltarlos.
Tenemos que sacar lecciones del trágico fuego cruzado de ideologías, balas y bombas que padecimos en los 80. Hoy que esos dogmas pesan menos, no podemos permitir que sigan siendo esgrimidos como argucia política o, peor, como alibí del corrupto y del criminal para que no lo fastidien con cargos de ley.